Aspecto de una de las viviendas incendiadas la noche del 3 de julio de 2017. Foto: Pedro Matías.

Pedro MATÍAS | Primera de tres partes

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- De la aterradora inmovilidad que deja la descarga de un fusil automático, el espeluznante grito que provoca una violación o el alarido espantoso de hombres al morir a manos de gente armada que te congela la sangre, sobrevino la insurrección de un pueblo sometido por el Frente Popular 14 de Junio.

Ese 3 de julio de 2017, con el miedo enfundado en valentía si se quiere seguir viviendo, hombres, mujeres y jóvenes se armaron de coraje y se metieron al Infierno. (https://pagina3.mx/2017/07/estalla-la-violencia-en-la-vicente-guerrero-vs-la-14-de-junio-y-10-horas-despues-el-gobernador-sin-reporte-oficial/)

Pronto, la comunidad insumisa convirtió en antorchas las madrigueras de sus demonios.

Así quedaron las viviendas horas después. Foto: Agencia Estación Foto.

Del humo negro que emanaba en al menos 50 casuchas incendiadas, -dos de ellas presuntas casas de seguridad- y 10 vehículos calcinados, se pasó a las barricadas, los bloqueos carreteros, el cierre del basurero municipal, la alerta, el palpitar agudo y a un íntimo regocijo indecible. (https://pagina3.mx/2017/07/dan-ultimatum-al-gobernador-desalojan-al-fp-14-de-junio-o-cierran-ciudad-judicial/)

A poco más un año de esa insurrección popular, el responsable de tantas vejaciones, Francisco Martínez Sánchez “Pancho mugres”, sigue libre a pesar de que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa ofreció una recompensa de un millón de pesos. (https://pagina3.mx/2017/07/ofrecen-recompensa-millonaria-a-quien-entregue-a-pancho-mugres-y-a-su-hijo-pero-nadie-les-cree/)

A solo 14 kilómetros de la capital de Oaxaca nació un movimiento de resistencia civil o de autodefensa para contrarrestar al grupo de choque priista Frente Popular 14 de Junio que opera con un perfil de crimen organizado y que sembró días, semanas y meses de infierno. (https://pagina3.mx/2017/07/secuestra-el-fp-14-de-junio-a-la-capital-con-la-complicidad-del-gobierno-de-murat/)

Fueron días de tinieblas para más de 30 mil habitantes que perviven entre desechos de todo tipo y basura, con los consiguientes problemas de contaminación y salud.

Esa comunidad olvidada es producto de otras resistencias sociales como la represión en la región Loxicha en 1996, al considerarla el bastión del Ejército Popular Revolucionario (EPR); o por el conflicto agrario en la Sierra Sur, principalmente de Santiago Amoltepec, donde sus pobladores se vieron obligados a exiliarse y cuya carta de presentación es la pobreza.

Sin embargo, el Frente Popular 14 de Junio CNP (Confederación Nacional de Productividad), con su fachada de luchadores sociales, llevó a estas colonias y a diversos municipios a la antesala del infierno.

BANDERA POLÍTICA

Una lona monumental con la fotografía sonriente de un Alejandro Murat donde el Frente Popular 14 de Junio le brinda su apoyo como candidato a gobernador y reafirma que “es tiempo de crecer juntos”, pareciera que es la principal bandera para hacer ver que cuentan con el apoyo gubernamental.

La organización delincuencial apoyó la campaña del entonces candidato a la gubernatura, Alejandro Murat.

Una vez que su candidato (Alejandro Murat) rindió protesta, el Frente Popular 14 de Junio tomó las armas y creó su autogobierno. Columnas de hombres armados tatuados –sus víctimas aseguran que son Mara Salvatruchas– sembraron el terror en ese territorio para exigir cuotas, amenazar, golpear, violar y tener licencia para matar.

La descarnada realidad fue expuesta a los altos mandos del gobierno priista, pero no fueron escuchados.

Y el silencio e inacción gubernamental llevaron a la conclusión de que ese grupo con fachada de lucha social cuenta con la presunta protección del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas.

Lo que aterró a esa comunidad fue la presencia de este personaje, el Teniente de Fragata, pues en el Informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca se acusó al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas y Heliodoro Díaz Escárraga, así como los tenientes de Navío Manuel Moreno Rivas, y de Fragata José Manuel Vera Salinas, de tener presuntas casas de seguridad, centros de tortura e inhumación clandestina durante el conflicto 2006-2007. (https://pagina3.mx/2016/04/fosas-clandestinas-del-2006-estarian-en-casas-de-funcionarios-de-oaxaca/)

Jorge Franco y Ulises Ruiz. Foto de archivo.

Y por si eso no fuera suficiente, se señaló que un domicilio particular de Vera Salinas fue utilizado como casa de seguridad; además, un predio de uso gubernamental en la parte norte del basurero -que se encuentra en la colonia “El Manantial”, perteneciente al municipio de Zaachila-, “se presume fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006”.

Es precisamente en este lugar donde opera el Frente Popular 14 de Junio y que ejerce un control con la complacencia de Vera Salinas.

La presidenta municipal de Zaachila, Marisela Martínez Coronel, responsabilizó de su seguridad o de cualquier atentado que pudiera sufrir a Vera Salinas y al propio gobernador, porque dijo temer represalias por denunciar que “apapachan” al Frente Popular 14 de Junio e ignoran a las personas que habitan en la Vicente Guerrero.

“Vera Salinas está haciendo lo que él quiere. Él quiere sobresalir en este evento y yo lo veo muy peligroso”, puntualizó la presidenta municipal emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Esos terrenos no son de ellos, Vera les dio 37 hectáreas del campo de tiro hace dos años. Ahí tenía su campo de tiro. No sé qué pasó, pero él lo entregó a la 14 de Junio”.

FOSAS CLANDESTINAS

Pese a que la Comisión de la Verdad de Oaxaca entregó el 29 de febrero de 2016 un informe a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para sancionar penal y administrativamente a los que servidores públicos del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y de Vicente Fox que participaron en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto 2006, se ha guardado absoluto silencio e inacción.

Inmediaciones del basurero municipal, donde podría haber inhumaciones clandestinas. Foto: Pedro Matías.

Ni en el sexenio de Gabino Cué ni el actual gobierno de Murat Hinojosa han sido aclaradas ni las desapariciones forzadas ni las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca, tampoco inspeccionaron ni resguardaron los cinco lugares que funcionaron como presuntas casas de seguridad o centros de tortura e inhumación clandestina.

Al contrario, los perpetradores, como el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas y Heliodoro Díaz Escárraga, así como los tenientes de Navío Manuel Moreno Rivas, y de Fragata José Manuel Vera Salinas, siguen en plena libertad.

 

Aunque personal de la Comisión de la Verdad acudió a todos los lugares para corroborar la existencia de los presuntos cinco centros de inhumación clandestina, ni la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ni la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron ningún resguardo, es más, ni siquiera fueron inspeccionados.

El documento resalta que la Comisión presentó la denuncia en noviembre de 2015 y las autoridades federales y estatales ignoraron la información de las presuntas fosas clandestinas.

Uno de los presuntos centros de inhumación clandestina fue ubicado atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec; otra más en la Privada de Naranjos Nº 200, fraccionamiento La Cascada, (en la capital del estado) casa del teniente de Fragata Vera Salinas, la cual ya vendió su mujer.

A ellos se suma una casa con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación, ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano -en la curva-, antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera número 175 rumbo a Puerto Escondido, la cual operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Otro de los sitios es un predio donde se localiza el basurero municipal y donde se presume fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006.

Cabe mencionar que en Oaxaca hay desaparecidos, entre ellos, los integrantes del EPR Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los insurgentes fueron “trasladados de manera velada” a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo, y que desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.