Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- De acuerdo con evaluaciones en materia de transparencia, el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información en Oaxaca ha crecido en el penúltimo trimestre de 2018, al pasar de un 31 a un 88 por ciento, en el porcentaje de instancias obligadas que han cargado su información, respecto al presupuesto y la obligación de transparentar su manejo.
De acuerdo con la Ley, son 91 dependencias de la administración de Murat Hinojosa las obligadas a cargar y transparentar el ejercicio de sus recursos.
No obstante, hay un grupo de 11 dependencias de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa que están por debajo de los 80 puntos porcentuales en la transparencia de su información.
Destaca entre ellas, CORTV, COESIDA, COESFO, IOCIFED, CEA y HNO, las cuales solo tienen un 60 por ciento en materia de transparencia de acceso a la información del uso y destino de sus recursos.
Conforme a lo que establece la ley en materia de transparencia, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca -como órgano de control interno encargado del seguimiento al cumplimiento de dependencias gubernamentales en materia de transparencia-, informó que a octubre 2018 ha capacitado al 100% de dependencias gubernamentales de la entidad que reciben presupuesto público para poder transparentar el ejercicio de recursos, el resultado es un notorio crecimiento oficial en la carga de información.
Derivado de una revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), en mayo 2018 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), sitio donde la ciudadanía puede realizar consultas de la información pública de las dependencias y entidades del gobierno estatal, se observó que el status que presentaban los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en cuanto al avance de carga de sus Obligaciones de Transparencia no era el óptimo, por lo cual esta Secretaría determinó realizar una serie de acciones y estrategias para mejorar el cumplimiento de dichas obligaciones.
Estas acciones consistieron en capacitar -en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales-, al 100 % de sujetos obligados del Poder Ejecutivo y realizar mesas de trabajo para definir la información que corresponde publicar a cada ente obligado.
De julio a octubre del actual año fueron asesorados de manera personalizada 234 servidores públicos, administrativos y habilitados de las Unidades de Transparencia de 52 entidades del Poder Ejecutivo.
El resultado de esta estrategia se vio reflejado en el notable incremento en el porcentaje de carga de información para el segundo trimestre de 2018, de acuerdo con la revisión y seguimiento realizado por la Contraloría, de un 31 por ciento pasó a un 88 por ciento las instancias obligadas que han cargado su información, las cuales son todas aquellas que reciben presupuesto y que por tanto tienen la obligación de transparentar su manejo.
