Por: Berenice Chavarría Tenorio | Cimacnoticias
Ciudad de México.- 21/03/2019 Este día se presentaron en los congresos de Hidalgo y de San Luis Potosí, respectivamente, iniciativas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo busca reformar los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal local, mientras que la de San Luis Potosí busca modificar estipulaciones de los artículos, 148, 149, y 150 del Código Penal del estado y los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud local.
En ambos estados, cientos de mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud (Sedesa), de abril 2007 a agosto 2018, 142 mujeres de San Luis Potosí viajaron a la CDMX para realizarse una ILE, mientras que de Hidalgo, en el mismo periodo, fueron un mil 46 mujeres.
Bajo este contexto, las iniciativas fueron presentadas en congresos divididos entre pañuelos verdes y azules, los verdes que fueron portados por integrantes de organizaciones civiles conformadas en el movimiento “Marea Verde”, mientras que los azules por grupos provida de Hidalgo y en San Luis Potosí.
HIDALGO
La iniciativa fue presentada por las legisladora Areli Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Viridiana Jajaira Aceves Calva, del Partido Encuentro Social (PES) y los 17 diputados que conforman el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, para su análisis.
En su argumentación, la legisladora de Morena, Tania Ángeles Moreno, destacó la necesidad de modificar las leyes que penalizan el aborto que sólo buscan castigar a las mujeres por someterse a estos procedimientos.
En el actual Código se considera aborto “a la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y se menciona que “a la mujer que aborte se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días, misma pena aplicable a quien haga abortar a una mujer con su consentimiento”.
Con la modificación quedaría: “comete el delito de aborto quien interrumpa el embarazo después de la semana 12 de embarazo”. También se aumentará la pena “a quien haga abortar a una mujer a través de engaños, violencia física o psicológica”.
La despenalización permitirá a las mujeres -en caso de complicación durante este procedimiento- acudir a instituciones de salud sin miedo a generar procesos penales en su contra o del personal médico, quienes en el Código actual podrían tener penas de 10 a 40 días y suspensión de uno a tres años en el ejercicio de su profesión.
Dentro de las modificaciones también se destaca que “el Estado deberá garantizar la interrupción del embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo y cuando dos médicos afirmen que el producto padece afectaciones genéticas. Las menores de edad o personas con discapacidad también tendrán oportunidad de interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación cuando tengan capacidad de comprender el hecho, esto se comprobará a través de un previo estudio psicológico”.
Finalmente “el Estado tiene la obligación de brindar información objetiva, veraz, oportuna y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción legal del embarazo para que se tome la decisión de manera libre y responsable”, concluyó el legislador Víctor Osmid Guerrero Trejo.
SAN LUIS POTOSÍ
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Valdés Martínez, perteneciente a la bancada de Morena, quien entre interrupciones de los grupos Provida, argumentó que “son modificaciones normativas para dejar de criminalizarnos en la decisión de interrumpir el embarazo y el establecimiento de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura del aborto; discutir sobre la moralidad del tema debe dejar de ser una prioridad, es necesario avanzar en la protección de nuestra salud”.
Cabe mencionar que al término de su presentación, la legisladora tuvo que salir del recinto ante la presión de los grupos conservadores que gritaban ¡fuera! ¡fuera!
Actualmente, el Código Penal del estado indica que “comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”. Además, las penas que se mencionan van de uno a tres años de prisión a quienes aborten o permitan que alguien más les realice esta práctica.
También se penaliza a los profesionistas de medicina que “causen” el aborto, a quienes se les imponen hasta cinco años de suspensión en el ejercicio de su profesión.
Con las modificaciones, en San Luis Potosí también se haría legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y ya no se criminalizaría ni a las mujeres ni a los médicos que lleven a cabo esta práctica mientras el procedimiento se practique en el tiempo estipulado.
Además, como otra medida para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se buscan modificar los artículos 57 y 58 de la Ley de Salud del estado, los cuales hacen referencia al consentimiento de las parejas de las mujeres para someterse a tratamientos de reproducción asistida y la obligación por parte de las instituciones de bridar información sobre planificación familiar con programas dirigidos principalmente a mujeres.
De esta forma, con la iniciativa leída esta mañana en el Congreso de SLP, desde la Ley de Salud también se busca brindar a las mujeres autonomía en las decisiones sobre su cuerpo e incluir a los hombres en el tema de planificación familiar. Fue turnada a las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos e Igualdad de Género, de Salud y Asistencia Social para su análisis.
Finalmente, Alejandra Valdés Martínez dijo: “está en juego nuestra vida, son casi un millón de mujeres que abortan por año, la interrupción libre y segura del embarazo es una deuda histórica del Estado con nosotras”.
