El día martes 3 de septiembre, ocho diputados y diputadas de la bancada del PAN del Congreso de Veracruz, asistieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a «defender la autonomía de las instituciones», para lo cual se encontraron con un cerco de policías de Seguridad Pública que les impidieron llegar al recinto público.
El conflicto legislativo comienza en el recinto donde trabajan 50 diputadas y diputados de los partidos de Morena (19), PAN (13), PT (5), PES (5), PRI (3), PRD (2), MC (2), PVEM (1).
La fracción morenista propone destituir al ahora ex Fiscal de Veracruz, Jorque Winckler, quien llevaría en su puesto 3 años desde 2016.
Apenas ayer, la bancada del equipo guinda consigue su objetivo y se aprueba que, al menos temporalmente, Winckler sea removido de su cargo mientras se discute la propuesta.
En su lugar, queda Verónica Hernández Giadáns, licenciada en derecho y ex secretaria del ayuntamiento de Xalapa.
El equipo panista, inconforme, apresura protestas en contra de ésta decisión, argumentando que la destitución fue ilegal, siguiendo la pauta de lo que el mismo Jorge Winckler sostiene en una carta hecha pública por medio de la Fiscalía General de Veracruz:
«La decisión de cinco legisladores es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica que regula las atribuciones conferidas a la Fiscalía General.
«Asimismo, quebranta la determinación jurisdiccional vigente que impide la separación del Fiscal General.
«Es de resaltar que este acto no se encuentra previsto en el marco jurídico que rige mi actuación como servidor público. No sólo constituye una arbitrariedad sino que esta conducta se comete un delito federal que debe ser perseguido conforme derecho».
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A LAS Y LOS VERACRUZANOS
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Así, 8 miembros de la bancada panista se armaron de sus posiciones políticas para reclamar en el recinto fiscal veracruzano la falta de autonomía del Congreso local, la cual, aseveran, está controlada por el gobernador de Veracruz.
Como se explica al principio, afuera del edificio público de la Fiscalía General, ya les esperaban a los diputados y diputadas blanquiazules un montón de policías de Seguridad Pública para negarles rotundamente el paso a la fuerza.
Una vez que les es imposible alcanzar las puertas del edificio, se plantan enfrente de la red de uniformadas y uniformados y levantan una rueda de prensa en protesta de lo sucedido.
En ella, plantean un golpe de estado y llaman al presidente de la República a resolver el conflicto.