*Piden a Murat cambios y reestructure el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. | *Acusan que protege a funcionarios de Salud, Sinfra, CAO, Cevi, Cea, Iocifed y Protección Civil.
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a ejercer un presupuesto anual de 36 millones de pesos, el sistema anticorrupción en Oaxaca ha fracasado.
Así resumió el Congreso de Oaxaca los resultados del Sistema de Combate a la Corrupción.
En lugar de la rendición de cuentas y la transparencia, le apostaron a proteger o ser cómplices de integrantes del gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa acusados de presuntos actos de corrupción como la contratación de empresas fantasma, el desvío de recursos y otorgar obras a compañías boletinadas en el SAT.
Y mencionaron los casos de:
- La Secretaría de Salud de Oaxaca,
- Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial,
- Comisión Estatal de Vivienda,
- Comisión Estatal del Agua, Caminos y Aeropistas de Oaxaca,
- Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y
- Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.
Durante la comparecencia de las siete instituciones públicas, integrantes del Comité Coordinador salieron reprobados ante los nulos resultados de impacto social en la lucha contra la corrupción.
El legislador del PT, César Morales Niño, exhortó al gobernador Alejandro Murat para que realice los cambios necesarios en las dependencias a su cargo para reestructurar el sistema estatal de combate a la corrupción, ya que no existen resultados, no existen denuncias de trascendencia social, no hay avances, y la corrupción no ha disminuido.
Por el contrario, en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción hay nulos resultados porque no se ha informado cuántas denuncias se han presentado, cuántos juicios hay en trámite y cuantas sentencias firmes existen con motivo de actos de corrupción y delitos relacionados.
No se ha informado a cuántos funcionarios del sexenio pasado ni del actual se han sancionado, cuántos recursos públicos se han recuperado a favor del erario estatal.
No se ha informado nada, no ha existido ningún funcionario o funcionaria de primer nivel (con cargo de mando y decisión superior) enjuiciado por actos de corrupción.
Es como si el cáncer de la corrupción existiera en todo el país pero en Oaxaca no existiera o nadie ve nada, por ello, es evidente el fracaso del sistema anticorrupción.
Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, calificó como “actos doblemente criminales ante la falta de recursos que en ocasiones implica, incluso, la muerte de la gente, principalmente en ámbitos tan sensibles como la salud o el acceso al agua”.
«El no hacer lo necesario para erradicar la corrupción, es ser cómplice del saqueo del dinero del pueblo.
“No hacer lo necesario para acabar con los funcionarios corruptos, es ser funcionario corrupto y estos no deben estar en el servicio público, sino en la cárcel”, puntualizó.
A su vez, el diputado, Fredie Delfín Avendaño, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema, lamentó que el régimen gubernamental en Oaxaca muestre resistencia para combatir la corrupción que se ha fortalecido y crecido.
Valoró que este sistema no es suficiente para combatir el delito, ya que pese a estar integrado por dependencias con funciones explícitas, parecen un grupo de instancias aisladas, sin estrategias, que no procura procedimientos de prevención y de sanción ante estos actos”.
Y la legisladora Laura Estrada Mauro demandó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no limitarse a la recepción de denuncias, y apostarle a la implementación de políticas en materia de prevención y transparencia.
En tanto, al Tribunal de Justicia Administrativa interrogó sobre el acierto de mantener una Sala Especializada cuando no existen asuntos que atender, como refirió esta institución durante la comparecencia.
Finalmente, la diputada Elena Cuevas Hernández exhibió que pese a ejercer un presupuesto de 36 millones de pesos, la Secretaría Técnica del Comité Coordinador no ha podido incluir una política estatal de combate a la corrupción, una responsabilidad que les compete a quienes integran el organismo.
