Desde 2014, 23 familias en la sierra de Chihuahua han padecido la violencia de grupos criminales que les quitaron sus tierras para sembrar droga y realizar tala ilegal. Pese a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los asesinatos no cesaron.
Por: Daniela Rea | Foto de portada: tomada de Internet | Pie de Página
Hace siete años 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, fueron obligadas a dejar su hogar, sus tierras y pertenencias por la violencia.
Se trataba de huir o morir.
Acompañadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) denunciaron la violencia de grupos criminales que les ha quitado sus tierras para sembrar droga y realizar tala ilegal.
Ante la falta de respuesta por parte de autoridades mexicanas, algunas de las personas desplazadas denunciaron la violencia y la impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitaron medidas cautelares que el organismo internacional otorgó en abril de 2015. Sin embargo, con todo y medidas cautelares, tres personas han sido asesinadas desde el 2015 al 2019; el último de ellos Cruz Soto Caraveo en octubre de 2019.
En el asesinato de Cruz Soto participaron dos policías municipales de Guazapares. Él llevaba cuatro años bajo amenazas y desplazado de su tierra, una condición que no ha cambiado para su familia. La participación de los policías se cupo dos meses después, cuando reconocieron que se encargaron de ubicarlo y reconocerlo para que otras personas lo asesinaran.
Todo esto fue denunciado por integrantes de las comunidades como Nubia Sánchez, y personal de CEDEHM, como Gabino Gómez, durante una conferencia en la Ciudad de México.
“Después de haber matado a uno de mis hermanos, amenazaron a otro hermano mío. Hemos tenido poca ayuda del gobierno, queremos que nos escuche, que se haga justicia que agarren a la gente que nos ha hecho tanto daño. Nos brindaron medidas cautelares, pero con medidas cautelares mataron a un hermano mío y a un primo, nos llegaron amenazas a mi papá, tuvimos que salir de Chihuahua por la muerte de mi hermano siguieron a otro hermano mío, lo quisieron agarrar y pues ahorita estamos aquí. Queremos que hagan algo, todo lo que teníamos se quedó en el rancho, nos han ayudado con comida, con un techo, pero no nos han dicho nada qué va a pasar con nosotros, si vamos a seguir ahí o si vamos a regresar o nos ayudarán a que detenga al grupo que nos sacó de allá”, dijo Nubia durante la conferencia de prensa.
Por su parte, Gabino Gómez, de CEDEHM, dijo que las autoridades mexicanas deben intervenir y pacificar la zona, pues familias enteras han tenido que dejar su hogar para salvar su vida.
“Hemos acompañado a este grupo desde 2015. El domingo de ramos de ese año me llama el padre Cruz que se encontraba en la comunidad de El manzano y me dice ‘ya vienen por nosotros’. A las 10 am llegan hombres armados y comienzan a disparar, seis horas disparándoles, seis horas escuchando por el teléfono el tableteo de las metralladoras, de las R15, sin que nadie les diera auxilio. Después de escuchar eso no es fácil. Acudimos ante el subsecretario Roberto Campa y nos dijo ‘olvídense no habrá intervención para pacificar la zona’ porque ese es el reclamo, que entren a pacificar la zona”.
Por la falta de respuesta gubernamental en mayo 2021 la familia Girón, desplazada, y sus representantes de CEDEHM promovieron un amparo y se les concedió que se garantizara “vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de indicar que se proteja el interés superior de la niñez y bienes en la comunidad de origen”, informó la organización en un comunicado. Un mes después las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras también realizaron ese procedimiento y se les reconocieron las graves omisiones que han sufrido por parte de la autoridad.
Las audiencias para resolver los amparos se llevarán a cabo los días 7 y 25 de octubre. Las autoridades judiciales deberán pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición; estas últimas ligadas al establecimiento de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación inexistente en la materia.
“Chihuahua es uno de los Estados que sobresale en el país por los cientos de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, siendo obligadas a salir de sus comunidades por la violencia causada por la delincuencia organizada. La respuesta otorgada por los jueces hasta ahora es, sin duda, una fuerte de esperanza para estas personas y un horizonte jurídico importante en el país”, informó CEDEHM en un comunicado.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua ha documentado desde 2017, que por lo menos 410 personas fueron forzadas a desplazarse de sus comunidades en la Sierra Tarahumara.
Días después de las elecciones del 6 de junio, cuando hubo cambios en cargos locales de Chihuahua y otros estados, una serie de enfrentamientos en el llamado Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua dejaron más de 200 personas desplazadas en el municipio de Guadalupe Y Calvo de esta tercera entidad.
A las familias en situación de desplazamiento les cambian el plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra en una cuerda floja porque los niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, están intactos.
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