- Por falta de capacidad institucional, a mas de un año de su desaparición, todavía no aparecen los restos de lo que podría ser una ejecución extrajudicial
- Familia de Claudia teme que el asunto electoral interfiera en el proceso de la ex presidenta de Nochixtlán, gente cercana del candidato Salomón Jara
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La familia Uruchurtu Cruz denunció al Poder Judicial de Oaxaca de vulnerar su derecho como víctimas indirectas de acceder a la justicia de manera pronta y expedita por el caso de la desaparición forzada de la activista Claudia, cuyo cuerpo no aparece por la falta de capacidad institucional y por la dilación en el proceso contra sus presuntos perpetradores.
De acuerdo con la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz fue vista por última vez en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar y su caso, según autoridades, podría tratarse de una ejecución extrajudicial.
Por la desaparición forzada de la activista Claudia fueron detenidos y recluidos en el penal de Tanivet la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y sus presuntos cómplices Juan Antonio H. M., y su esposa Janet V.J. o N. Y. V. J., así como Johan Ricardo M.M., y R. A. B., alias “El Greñas” o “El Colas”, quienes fueron
vinculados a proceso.
Sin embargo, Elizabeth, Hayde y Sara Uruchurtu Cruz cuestionaron al Poder Judicial de Oaxaca “a la fecha ha transcurrido más de un año de la desaparición de nuestra hermana Claudia, y la única información con la que contamos, es el señalamiento de responsabilidad de la expresidenta municipal, su asesor jurídico y demás personal municipal, sin embargo, a la fecha no hemos podido localizar a Claudia”.
Aunque han contado con la coordinación en las acciones de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda, los resultado hasta el momento no han sido suficientes y por el contrario solo han evidenciado la falta de capacidad institucional.
“La falta de continuidad del proceso penal y el contexto electoral que se vive en el Estado de Oaxaca, nos preocupa de sobre manera, porque pareciera que se tratan de empatar los tiempos de elección del próximo o próxima gobernadora con las audiencias del caso de nuestra hermana. Como víctimas no estamos dispuestas a tolerar la ausencia del debido proceso legal y mantenemos nuestra exigencia de Justicia para Claudia”.
Su preocupación radica en que la detenida Lizbeth Victoria Huerta es gente muy cercana del candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la dilación en el proceso podría favorecerle para salir libre.
Por lo pronto, mencionaron que este martes se llevaría a cabo la Audiencia Intermedia dentro de la causa penal que se instruye en contra de quienes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) formuló imputación por su participación en la Desaparición Forzada de Claudia Uruchurtu Cruz.
Insistieron en que “el proceso penal que se sigue, nosotras como victimas indirectas hemos tenido que enfrentar una abierta dilación en el proceso, debido al reiterado aplazamiento de las audiencias, incluyendo el desahogo de la audiencia intermedia, la cual se ha pospuesto al menos en cuatro ocasiones, esto a pesar de ser esta audiencia de suma relevancia en tanto se trata de la etapa en la cual se ofrecerán y admitirán los medios de prueba a las partes, para concluir con el dictado del auto de apertura a juicio”.
“Si bien los diferimientos reiterados de las audiencias se han intentado justificar por parte del Poder Judicial, tal circunstancia esperamos no continúe, ya que, de ser así, se estará vulnerando nuestro derecho como víctimas indirectas de acceder a la justicia de manera pronta y expedita en los términos que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, puntualizaron.
Entonces, “en el marco de legalidad, como familia de Claudia, exigimos al poder judicial que se respeten nuestros derechos como víctimas en todas y cada una de las actuaciones judiciales, y que la administración de justicia sea imparcial y apegada a derecho, sobre todo, porque ello garantizará en el momento oportuno, conocer y resolver el caso de Claudia con base en las pruebas desahogadas en juicio, en el cual prevalezca el derecho a la verdad y a la justicia.
