Jaime GUERRERO
La LXV Legislatura analiza una serie de reformas a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para impedir que violentadores de mujeres y de infancias puedan ser servidores públicos en los poderes del estado, órganos autónomos y municipios.
En la iniciativa de reforma la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, plantea normar que no sean nombrados como magistrado de los Tribunales Superior de Justicia, ni de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
Tampoco como Consejero de la Judicatura, Auditor y Subauditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
Lo mismo, titular de los órganos autónomos “De la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca” y “Del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno de Oaxaca”.
Ni Fiscal General del Estado de Oaxaca ni fiscales especializados en Delitos Electorales y en Materia de Combate a la Corrupción, quienes sean deudores alimentarios por sentencias firmes.
Así como tampoco servidores públicos de mandos superiores, medios y demás personal de confianza de cada una de estas instancias.
De la misma forma, titulares de Secretarías y órganos auxiliares del Ejecutivo, ni servidores públicos de mando superior, medio y demás personal de confianza del gobierno estatal y miembros de los Ayuntamientos del Estado de Oaxaca.
Ello, cuando cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Contar con antecedentes de haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Contar con antecedentes de haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
Esta propuesta de reforma, en comparación con las propuestas que retoman la Ley Sabina (CDMX y Michoacán), es que Oaxaca plantea modificar su Constitución Política, que es la Norma de donde derivan las leyes secundarias, por lo que, de ser aprobada esta reforma, se harán las adecuaciones a estas leyes, códigos y/o reglamentos.
Es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales.
Mientras que la CDMX y Michoacán no proponen hacer una propuesta de reforma a su Constitución Política Local, siendo que dentro de los requisitos para ocupar un cargo, como los propuestos en la reforma de Oaxaca, sólo se establece que no hayan sido condenados por delito doloso y no considera sus antecedentes de violencia de género o delitos sexuales, y mucho menos que sean deudores alimentarios.
Y sólo proponen reformar leyes estatales o locales secundarias como: leyes orgánicas de la administración pública; Código Civil y Código Penal; además, en el caso del Estado de Michoacán, la Ley de Responsabilidades del Estado, la Ley por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres del Estado de Michoacán, la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios.
De acuerdo con Rueda Gómez, la reforma abonará para que en Oaxaca se cuente con perfiles idóneos en el servicio público: mujeres y hombres de buenos valores y principios que contribuyan a tener buenos gobiernos que estén comprometidos con la protección y promoción de la dignidad humana y de todos sus derechos fundamentales.
También se busca erradicar la violencia sistemática de que somos objeto las mujeres en nuestra entidad, al sancionar de manera ejemplar las conductas que atenten contra nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros derechos.
Además, fortalecer los mecanismos para obligar a los deudores alimentarios a que cumplan con su responsabilidad de brindar una pensión para el sustento de sus hijas e hijos.
La legisladora de Morena destacó que los grandes retos que tiene Oaxaca por delante exigen tener a las mejores y los mejores servidores públicos. Quienes maltratan y lastiman a las mujeres, y quienes abandonan su responsabilidad como padres, no pueden ser buenos servidores.
“Nuestro compromiso debe ser firme: En Oaxaca ningún violentador debe ser servidor”, afirmó contundente.
