Jaime GUERRERO
El Congreso del Estado citará a comparecer a Arturo de Jesús Peimbert Calvo para que exponga detalladamente las acciones, avances y resultados en materia de procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a su cargo.
Hablará sobre los delitos: feminicidio, despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, desaparición de personas, desplazamiento forzado de personas y asignación irregular de vehículos consignados o asegurados que, estarían en la impunidad.
En el acuerdo propuesto por la bancada de Morena -turnado a la Junta de Coordinación Política para que defina la hora y la fecha- refiere que con base en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Oaxaca en el periodo comprendido de enero – junio 2022, presenta una incidencia delictiva de 22 mil 167, situando a la entidad en el catorceavo lugar con mayor incidencia delictiva a nivel nacional.
Es decir, la entidad alcanza la media nacional respecto de esa problemática social.
Lo anterior evidencia que durante el presente año se ha incrementado la comisión de delitos y la violencia en el Estado de Oaxaca.
Particularmente, destaca los feminicidios.
Oaxaca se ubica en el quinto lugar a nivel nacional por el mayor índice de comisión del delito de feminicidio, alcanzando en el año de 2022 la cifra de 41/479, destacando que ese delito se ha cometido en contra de mujeres mayores de edad, pero también, en contra de mujeres menores de edad.
Asimismo, se precisa que en el mapa nacional fueron identificados “focos rojos” en la entidad, derivado de la alta incidencia del delito de feminicidio, siendo:
- Oaxaca de Juárez,
- Putla Villa de Guerrero,
- San Pedro Mixtepec y
- Santa María Petapa
Son los municipios que presentan los mayores índices.
Como se precisa, Oaxaca tiende al alza en el delito de feminicidio durante 2022 y se prevé que al cierre del año el número de víctimas supere al año inmediato anterior.
Respecto al despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, el acuerdo refiere que en diversos medios de comunicación, se han difundido las denuncias interpuestas por ciudadanos contra la presunta existencia del “cartel del despojo”, que implica una “red” de personas, entre notarios, servidores públicos y particulares, para la supuesta comisión de despojo de bienes inmuebles, delitos contra el patrimonio y la suplantación de identidad.
Se ha propalado, sin que exista denuncia formal de por medio, de la presunta participación de servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y del Registro Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Y de conformidad con los datos del el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de Oaxaca se sitúa en el lugar número 20 de las entidades federativas con mayores índices en materia de personas desaparecidas y no localizadas, alcanzando la cifra total de 3 mil 802 personas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a las personas del sexo femenino.
Los cinco municipios con mayor incidencia de este delito son:
- Oaxaca de Juárez,
- Santa Cruz Xoxocotlán,
- Santa Lucía del Camino,
- Santa María Atzompa y
- Villa de Zaachila.
Las mujeres son la mayor proporción de víctimas del delito de desaparición de personas y no localizadas en las municipalidades referidas.
En tanto, a nivel nacional, Oaxaca es una de las ocho entidades federativas con mayor desplazamiento forzado interno, de acuerdo con los datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), plasmados en el Diagnóstico nacional sobre la situación del desplazamiento forzado interno en México 2021.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) refiere que se trata de individuos, familias o comunidades que son obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.
Asimismo, en 2021 se generaron nuevos desplazamientos en comunidades, como son los casos de Tierra Blanca Copala; Guerrero Grande; Ndoyonuyuji y Mier y Terán; estos últimos en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido resoluciones vinculatorias para el Gobierno del Estado de Oaxaca y los Gobiernos Municipales de la entidad, para atender el desplazamiento forzado interno de las personas triquis de Tierra Blanca Copala, que llevan más de un año fuera de su comunidad.
Otro fenómeno que se ha divulgado es la asignación irregular de vehículos que se encontraban bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para ser utilizados por parte del personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, hechos que las víctimas señalan como conductas de “corrupción” y “tráfico de influencias”.
Otros presuntamente se han puesto a disposición de particulares.
Para la bancada de Morena es pertinente agilizar las investigaciones relacionadas con la presunta participación del personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la asignación correspondiente, y ejercer la acción penal en caso de acreditarse la comisión de delitos relacionados con el servicio público.
