Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- Un documento emitido desde 2013, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela que se negó a 135 personas triquis de Oaxaca ampliar “medidas cautelares” para exhortar al Estado Mexicano permitir la venta de artesanías en corredores de Palacio de Gobierno de Oaxaca.
Los triquis víctimas de desplazamiento forzado por disputas entre las organizaciones MULT y MULTI habían pedido que la OEA y CIDH los protegiera para tener mayores beneficios.
Sin embargo, la petición hecha por Lorena Merino y Reyna Martínez, Jesús Martínez, Mariana López, Celia Olmos, fue rechazada por esos organismos el 29 de agosto del 2013, ya en el sexenio de Gabino Cué MOnteagudo, y pese a ello, se instalaron ilegalmente, pretextando las medidas cautelares.
Y es que este viernes, luego de más de 12 años de haberse instalado con el pretexto de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), personas de la etnia triquis de Copala, Juxtlahuaca, fueron desalojadas de los corredores y portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca.
En todo momento, se negaron al diálogo con la Secretaría General de Gobierno. Los y las triquis que se habían apoderado de los corredores del palacio, utilizaban esos espacios para la venta ilegal de productos que, entre los decomisados por la policía estatal y municipal se encontró droga y alcohol adulterado.
El operativo inició poco después de las 01:00 horas y fue coordinado por el Gobierno del Estado, una vez que el Gobernador, Salomón Jara Cruz, y el ayuntamiento que preside Francisco Martínez Neri -del Partido Morena- tomaron la determinación conjunta para despejar esos espacios públicos.
Las arengas de inconformidad de los vendedores ambulantes, salieron a relucir y de inmediato se victimizaron y pidieron su retorno a San Juan Copala.
Pese a que personal del gobierno del municipio capitalino les leyó el acuerdo de cabildo para iniciar el retiro, mujeres con la vestimenta triqui se negaron a escuchar y recibir las notificaciones.
“Somos comerciales, somos desplazados! Mejor que venga el gobernador a platicar con nosotros, que venga Salomón Jara, el pueblo estuvo con él”, reclamaba una mujer, mientras que al costa del palacio, la chantajista “cautelada” Lorena Merino, también se victimizaba y con lágrimas reclamó la acción.
“Les pedimos por favor se retiren, de lo contrario les vamos a decomisar la mercancía”, advirtió, la directora de Comercio en Vía Pública del ayuntamiento, Bibiana García.
Vino entonces la advertencia a las personas triquis:
“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Bando de Policía del municipio de Oaxaca de Juárez y en cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el ayuntamiento en sesión ordinaria del 20 de enero de 2022 y el acuerdo número 381 de fecha 10 de agosto de 2022 de la 65 Legislatura, relativo al exhorto que realiza al Congreso al presidente municipal, para implementar un programa de revisión de documentos de comercio en vía pública”.
“En virtud de no contar con permiso expedido por la autoridad municipal para ejercer actos de comercio y además estar en zonas prohibidas, según lo establece la normatividad en la materia, se solicita el retiro voluntario de su mercancía e implementos, apercibido de que en caso de no hacerlo en forma inmediata se procederá a su retiro y aseguramiento”.
“Alerta, alerta, alerta! ¡Alerta que camina, los desplazados por América Latina”, solo fue la respuesta y con ella la negativa de los triquis que por el origen de una disputa entre grupos de afines al MULT y MULTI se detonó el desplazamiento forzado y derivó en medidas cautelares de la CIDH que han sido utilizadas por las personas triquis para el lucro y chantaje.
Tras la advertencia, inició el desalojo y personal del gobierno municipal retiraron la mercancía ilegal ahí encontrada.
En tanto, en un comunicado, el gobierno de Salomón Jara Cruz, informó que de manera conjunta, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizaron este viernes acciones de verificación del comercio informal en la vía pública, con la finalidad de recuperar después de 12 años el Zócalo Capitalino y los Portales del Palacio de Gobierno, y con ello garantizar el derecho al libre tránsito de todas la personas.
“Esta acción se llevó a cabo después de haber agotado las instancias de diálogo, en las que se invitó al comercio irregular a retirarse de este espacio público, ofreciéndoles alternativas de reubicación para la comercialización de sus productos, además de atender y canalizar de manera efectiva las exigencias que originaron su llegada a este espacio y su permanencia”, plasma el documento.
Destaca que en la estrategia de recuperación intervinieron los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal en coordinación de los órganos autónomos como lo son la Fiscalía General del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Sistema Estatal DIF, destacando que en todo momento se privilegió el diálogo, se garantizó el respeto de los derechos humanos y salvaguardó la integridad de las personas que ocupaban el espacio público, cumpliéndose los protocolos para la protección en especial de la niñez, mujeres y adultos mayores.
