QUE LA NACIÓN SE LO DEMANDE*
El 19 de enero pasado se realizó en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, el conversatorio, “Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande: avances y retrocesos en materia de derechos humanos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador”. A continuación, expongo algunas de las ideas ahí vertidas.
1.- ¿De dónde partimos para hacer una evaluación en materia de derechos humanos de la actual administración? Revisé el discurso de toma de posesión de López Obrador, pronunciado el 1 de diciembre de 2018, y lo contrasté con informes de organizaciones civiles. Comento tres cosas que me llamaron la atención y que podrían ser el piso de donde partir para hacer un balance del presente sexenio.
a).- La anécdota. Casi al finalizar su discurso de toma de posesión AMLO contó una anécdota: “Ahora que venía para acá (Palacio Legislativo de San Lázaro), se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho a fallar”. En esta imagen alegórica, López Obrador a bordo de su vehículo representa el poder presidencial y el joven, montado en una bicicleta, representa la conciencia crítica de ese poder.
¿Por qué este presidente no tiene derecho a fallar? El triunfo del presidente López Obrador, es resultado de un proyecto democrático y de justicia social de la izquierda mexicana; sus principales causas provienen de las demandas de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, de movimientos sociales que lucharon por justicia y verdad, cuatro décadas atrás, y de los movimientos de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas de finales del siglo pasado y principios de este.
Si partimos de esta anécdota, y de esta imagen simbólica, hoy tocaría empezar a hacer un balance para saber si el actual gobierno falló o no y en qué sí, o en qué no, falló.
b).- Los compromisos. En su discurso de toma de posesión el presidente mencionó diversos compromisos en materia de derechos humanos. Agrupo esos compromisos en cinco grandes ejes que nos pueden servir como indicadores para medir su gestión, a partir de su propio programa de gobierno: 1) Verdad y Justicia (Caso Ayotzinapa, Comisión de la Verdad, combate a la corrupción y la impunidad); 2) Seguridad Pública (Pacificación del país, capacitación en derechos humanos a las Fuerzas Armadas, Plan de Paz) ; 3) Derechos Sociales y Estado de Bienestar (Garantizar el derecho a la salud, a la educación y seguridad social; derechos laborales; incremento al salario mínimo; pensión a discapacitados, jóvenes y adultos mayores); 4) Participación y Democracia (Transitar a una verdadera democracia; consulta, plebiscito, referéndum) ; 5) Medio Ambiente; y, finalmente, el sujeto histórico de su proyecto de nación, los pobres.
c).- Cambio de Régimen. “Hoy comienza un cambio de régimen político”, así lo dijo el presidente, de manera textual, en su toma de posesión. También se refirió a esto como la Cuarta Transformación de la vida pública. No sólo no hubo un cambio de régimen político, no ha habido una reconstrucción democrática; son las mismas instituciones que vienen del pasado. Lo que ha habido en el país es una alternancia política, una tercera alternancia en este siglo (PAN 2000, PRI 2012 y Morena 2018).
El historiador Lorenzo Meyer en su obra, La democracia autoritaria en México (2013), señala que, después de las elecciones del 2000, México pasó de ser un régimen autoritario a un régimen democrático con rasgos todavía autoritarios.
Para lograr un cambio de régimen en la actual administración, retomando la reflexión de Meyer, se requería necesariamente desterrar los rasgos autoritarios en el gobierno. ¿Cuáles serían las características de ese nuevo régimen? Separación real de poderes, libertad de expresión, Estado garante de los derechos humanos, órganos autónomos como contrapesos al poder y presidencialismo acotado. Lo cierto es que, si evaluamos al final de esta administración, difícilmente podemos decir que se logró un cambio de régimen. Aún pervive un régimen democrático con rasgos autoritarios.
2.- Retrocesos. Recientemente la organización Human Rights Watch presentó su informe global donde señala que se han producido pocos avances para atende los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales (Informe HRW 2024).
Los dos casos más dolorosos, por la falta de compromiso de la actual administración son: Ayotzinapa y personas desaparecidas. En el caso de los jóvenes normalistas, existe un evidente encubrimiento de la actuación del Ejército mexicano en la noche de Iguala. Las familias de los jóvenes han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la obstaculización militar de la justicia en la investigación. El presidente López Obrador encabezó, a finales del año pasado, una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene la investigación más sólida y que apunta a la participación del Ejército en aquellos acontecimientos, y contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que, junto con el Tlachinollan, asesoran a los padres y madres de Ayotzinapa.
El caso de las personas desaparecidas es igualmente dramático. A raíz de la renuncia de la titular de la Comisión de Búsqueda, creada exprofeso para estos casos, Karla Quintana, se inició un proceso de desmantelamiento de la misma y de alteración del censo de desparecidos para reducir las cifras, o darle un manejo político a conveniencia. Los 86 colectivos de familias de personas desaparecidas organizadas en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos señalaron que los cambios en la política y estrategia de búsqueda marcan un abierto retroceso en el país.
En este sexenio se confirma, nuevamente, que México está dentro de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. De acuerdo a cifras de Artículo 19 y de Reporteros Sin Fronteras, en la actual administración se han cometido 43 asesinatos de periodistas (Conteo, Artículo 19). Por otra parte, los ataques a personas defensoras de derechos humanos van en aumento; EDUCA registró, de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, 176 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. Esta situación se da en un contexto de violencia criminal extrema, que se ha profundizado con la militarización de la seguridad pública. En el gobierno de López Obrador, se ha registrado el mayor número de homicidios dolosos del presente siglo, 166,193 de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
3.- Avances. Los derechos sociales son aquellos que garantizan el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es en este rublo donde la actual administración ha dado mejores resultados. Las pensiones para los adultos mayores, las becas para jóvenes estudiantes y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, representan un acierto en la presente gestión. Cerca de 25 millones de personas reciben transferencias económicas no condicionadas, situación que ha influido en la reducción de la pobreza.
Por otra parte, el incremento al salario mínimo se ha reconocido como un logro de la actual administración, que la distingue de los anteriores gobiernos. En cinco años se han realizado seis incrementos al salario mínimo; al concluir el sexenio habrá aumentado a más del doble de como inició. Esto, sin considerar que en México cerca de un 55 % de la población económicamente activa se mueve en la economía informal (INEGI 2021).
Las reformas en el ámbito laboral, consistentes en la democracia sindical, el voto libre para designar a dirigencias sindicales, los derechos de empleadas domésticas, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la regularización del outsourcing, son de las acciones más importantes que ha realizado el gobierno de López Obrador en beneficio de la clase trabajadora.
4.- ¿Y los Pobres? Los pobres han jugado un papel central en el discurso de López Obrador. De diversas maneras se ha referido o ha acuñado frases memorables para hacer presentes a los pobres en su gobierno: “Por el bien de todos, primero los pobres”, o bien: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Se ha referido también a la “pobreza franciscana” en su gobierno, y cuando habla de esto se refiere a la austeridad en el gasto público: “Que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía, la austeridad no es un asunto administrativo, es un tema de principios” (La Mañanera 28-07-22).
Pero, que tan real ha sido su compromiso con los pobres. En lo que va del gobierno de López Obrador la pobreza se redujo del 41 % al 36 %. Cerca de 5 millones de personas dejaron la pobreza entre 2018 y 2022 (Coneval 2023). Reducción generalizada de la pobreza media. Esto puede verse como un éxito en la ejecución de los programas sociales, el aumento al salario y el impulso de mega obras en el sur-sureste del país. Sin embargo, existen dos indicadores que llaman la atención: decayó el acceso a servicios de salud, 50.3 millones de personas no tiene acceso a servicios de salud; esta población se concentra especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; y la falta de programas de combate a la extrema pobreza. ¿Falló o no falló el “primero los pobres” en este gobierno? Esto dependerá del enfoque que se le quiera dar, o a lectura que se tenga de las cifras.
5.- Balance. ¿Hacia dónde vamos? Durante el conversatorio en la Ibero, una mujer preguntó si estamos llegando a “un punto de no retorno”, es decir, si la situación crítica ha llegado a su límite. Al hacer el corte de caja entre los retrocesos y los logros en materia de derechos humanos, es claro que este gobierno sale mal parado en esta evaluación. Tenemos problemas muy serios en cuanto a la militarización de la seguridad pública en el país; las afectaciones al medio ambiente por la imposición de las mega obras de desarrollo en regiones indígenas, sin consulta y sin manifestaciones de impacto ambiental; la violencia extrema contra periodistas, activistas, mujeres, migrantes, etc.; la captura de las instituciones electorales y el acoso al poder judicial; la percepción sobre la corrupción que nos coloca en el lugar 135 en el mundo, según el ranking de World Justice Project.
Otra pregunta que se formuló en el conversatorio, una vez que se analizó la violencia criminal y la presencia de los poderes fácticos en la escena pública, ¿qué ha tenido que hacer López Obrador, con quién ha tenido que pactar para gobernar este país? Este es un gobierno que ha tenido serias dificultades para gobernar. Para ello ha tenido que pactar con las Fuerzas Armadas, con el Departamento de Estado Norteamericano y con un sector de la élite económica del país. Esto permite que exista cierta “estabilidad política”, dicho en voz de asesores del gobierno (Debate Público, Canal 14, 29-11-22).
El gobierno ha sido muy exitoso en hacer política, en construir una fuerza hegemónica. Morena y la 4T gobiernan 23 estados, controlan la Cámara de Diputados y Senadores, gobiernan cerca de 450 municipios en el país. Mantienen una injerencia en organismos autónomos como la CNDH, INE, TEPJF. El gobierno ha sido muy exitoso en hacer política, pero no en construir políticas públicas que beneficien al pueblo de México.
¿Hacia dónde vamos? El 2024 es un año electoral, es posible que incremente la violencia, el tono de la discusión política y un año en el que puede aumentar el número de violaciones a los derechos humanos. El gobierno tiene un gran reto en mejorar cuatro sistemas que son claves para el futuro del país: Seguridad, Justicia, Salud y Educación. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es impulsar y promover el diálogo plural, las experiencias de pacificación del país, generar mayores contrapesos y el manejo estratégico de la información verificada, como contrapeso al poder de la desinformación.
*Miguel Ángel Vásquez de la Rosa.
Intervención en el Conversatorio: “Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande: avances y retrocesos en materia de derechos humanos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador”. Cholula, Puebla 19 de enero de 2024.
