Paulina RÍOS OLIVERA
OAXACA.- Rosy, como le llaman cariñosamente, ama las plantas, sus flores, sembrar maíz, frijol, verduras, y su deseo de vida era combinar su profesión de abogada con la vida de campo.
Sin embargo, todo le cambió radicalmente la noche del 15 de marzo de 2012.
Nacida en San José del Progreso en 1983, un municipio del distrito de Ocotlán en la región de Valles Centrales de Oaxaca con altos índices de pobreza, Rosalinda Dionicio Sánchez recuerda vívidamente lo sucedido.
“Eran como a las nueve de la noche, íbamos en coche, con prisa, porque estábamos en los preparativos de la fiesta del pueblo (fiesta patronal).
“Vimos un coche estacionado en la carretera y vimos que nos siguió; era un Tsuru, de los guindas, pero nosotros ni en cuenta”, dice mientras levanta su mano derecha y con el dedo índice recorre su frente para enfatizar: “ni por acá nos pasó”.
Reitera que iban con prisa porque debían llegar a la comunidad con varias cosas para preparar la fiesta católica del pueblo que se celebra el 19 de marzo, dedicada a San José.
Después de ver el coche guinda, “nos fuimos y cuando sentimos, fue que nos empezaron a balacear y literal, los primeros balazos fueron en el medallón y luego el coche se emparejó.
“Y así cuando iba parejito, me tocaron a mí, me tocaron dos balazos”.
Acá tengo uno, refiere mientras con su dedo índice derecho señala parte de la espalda, a la altura del hombro izquierdo, y luego pasa a la pierna, donde tiene la cicatriz del otro balazo.
Y rememora que a Bernardo, uno de sus compañeros, “le tocaron muchos, por eso no aguantó. Iba dirigido a él (el ataque), porque fue al que más tocaron los balazos, creí en ese momento”.
“Por un momento pensé que si eran buenos (matando) nos iban a venir a rematar, porque nos salimos de la carretera hacia un terreno, pero no, no regresaron.
“Entonces pudimos hablar y buscar cómo conseguir ayuda porque no había señal. Bernardo aún estaba vivo y paramos un taxi para llevarlo con un doctor y no estaba, fuimos con el segundo doctor y ahí nos dimos cuenta que murió.
Rosy se refiere así al ataque mortal en el que asesinaron a Bernardo Vásquez Sánchez, entonces líder de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo).
Esta organización social nació el 10 de mayo de 2009, ante los graves problemas que la comunidad de San José del Progreso enfrentaba por su rechazo a la minera Cuzcatlán, desde un año antes.
Un asesinato previo
Solo tres meses antes del asesinato de Bernardo Vásquez, el 18 de enero de 2012, fue asesinado otro integrante de la Copuvo: Bernardo Méndez Vásquez.
*El ataque habría tenido lugar cuando el Sr. Méndez Vázquez, junto con otros integrantes de la COPUVO, manifestaron su oposición al alcalde y a la empresa minera Cuzcatlán por el corte de suministro de agua derivado de las obras del proyecto de extracción minera.
El grupo de manifestantes se habría enfrentado con los trabajadores para exigir sus permisos, quienes supuestamente respondieron con agresiones y dijeron contar con el apoyo del presidente municipal.
Según la COPUVO, durante la confrontación, el edil de San José del Progreso habría ordenado a los policías disparar contra el grupo de manifestantes.
Durante el tiroteo, el Sr. Méndez Vázquez y otra integrante de la COPUVO, Abigail Vázquez (hermana de Bernardo Vásquez), fueron heridos.* (https://pbi-mexico.org/es/news/2012-01-23/pbi-m%C3%A9xico-asesinan-miembro-de-copuvo-en-san-jos%C3%A9-del-progreso-oaxaca)
El movimiento, ¿por qué surge?
En entrevista, Rosy narra cómo nace esta organización:
Este movimiento social en la defensa de la tierra y el territorio surge en el 2008, cuando empezamos a identificar irregularidades en la comunidad.
El comisariado de ese entonces no nos había informado que ya estaban haciendo tratos y convenios con una empresa minera, que es de origen canadiense que es de Fortuna Silver Mines, que su nombre aquí en México es Minera Cuzcatlán.
Recuerda que un gran número de las aproximadamente dos mil personas que habitaban la cabecera municipal estaban preocupadas por no saber qué estaba pasando.
“Pues empezó a generar como pues preocupación porque desconocíamos no?, Entonces, este, nos juntamos, o sea, personas de la comunidad dijimos, bueno, algo está pasando y quisimos preguntar a las autoridades, ellos nunca nos respondieron, nos dijeron que no sabían, autoridades municipales y agrarias.
¿Qué les motiva a la defensa?
Ante la negación de información en el municipio, recurrieron a instancias de gobierno estatal y federal, pero de igual forma se las negaron, con el argumento de que debían ir con sus autoridades.
Entonces empezaron a sospechar que era algo más delicado.
En algún momento alguien este se dio cuenta que ya estaban pidiendo y comprando terrenos y que eran para una explotación minera.
Recordaron que ese pueblo fue minero en tiempos de la Conquista y empezaron a buscar información sobre minería.
Luego supieron que ya habían vendido terrenos a la minera Cuzcatlán.
Decidieron ir a los terrenos donde habían comentado que estaría la minera para que les dieran información porque ya se veían perforaciones.
De acuerdo con el Observatorio de Paisajes Sociales Mineros, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), de la UNAM, la minera Cuzcatlán inició actividades desde el año 2006. (http://mineria.ciga.unam.mx/www-paisajesmineros/pags/minas/sanjoseoax.html).
Nace la Copuvo
Y siguiendo con el relato de Rosy:
“Y vimos que donde está ahora la empresa solo estaba una casetita de madera donde estaba un señor que era el vigilante.
“Nos decían que ya estaban haciendo las perforaciones de muestreos y ahí dejaban su material. Entonces decidimos ir, fuimos como 300 personas, de manera pacífica”.
La joven indígena zapoteca, que entonces tenía 25 años, empezaba sus estudios de abogacía los cuales a raíz de los problemas que se suscitaron por la defensa de la tierra y el territorio tuvo que dejar de lado.
Eran los primeros días de febrero de 2009 cuando van en marcha hacia los terrenos de la minera, ubicada al otro lado de la carretera de donde se localiza la cabecera municipal de San José del Progreso.
Al no obtener información y el hecho de que el vigía abandonó el lugar, decidieron quedarse apostados ahí hasta que les atendieran y nunca pensaron que ahí pasarían unos tres meses.
Rosalinda recuerda que ese campamento prácticamente eran de puras mujeres, pues los hombres se iban al campo.
Así llega el 20 de marzo.
Ese día, dice Rosy, estábamos como 100 mujeres y llegaron como 2 mil 500 policías. Nos desalojaron, vimos cómo golpeaban a las señoras grandes, a las niñas, a todas. No manches, ¿dos mil 500 policías para 100 mujeres?
Detuvieron como a 16 personas entonces, las demás nos tuvimos que ir a nuestras casas. Después lograron liberarlas.
En los siguientes meses se unieron al movimiento otras personas de Magdalena y de otros pueblos vecinos y bloquearon la carretera y tomaron la mina.
Volvieron a desalojarnos, había niños, niñas, abuelos. En la comunidad se veía como una nube negra, pero eran los policías vestidos con su uniforme.
Nunca habíamos visto algo así, usaron carros antimotines y perros, detalla sobre el nuevo desalojo que se da dos meses después, el 6 de mayo.
Es entonces que se deciden a formalizar -sin legalizar- la Copuvo y toma más fuerza su movimiento de defensa de la tierra y el territorio a partir del 10 de mayo de 2009.
A partir de ello, la comunidad de San José del Progreso ahonda más las diferencias a grado tal que existen dos autoridades, dos fiestas patronales, dos todo.
Una autoridad municipal reconocida oficialmente y que es apoyada por la parte de la población que apoya a la minera.
Y la otra, la Copuvo, la autoridad no reconocida oficialmente pero a la que acude la población que está en contra de la minera y a la que la autoridad oficial no ayuda.
El tejido social está roto
“Si te paras en la Avenida Carranza que atraviesa el pueblo, puedes ver de un lado el Palacio Municipal y justo enfrente, las instalaciones de la COPUVO. Dos autoridades, una que en el pasado permitió la entrada de la mina y la otra que surgió precisamente para luchar en contra de la explotación del territorio.” (https://oxfammexico.org/la-mina-que-dividio-un-pueblo/ )
En sus inicios, la Copuvo está algo desorganizada pero a cargo de algunas personas que van acordando actividades y poco a poco llegan a designar cargos.
Rosalina Dionisio asegura que nunca se formalizó como una organización con registro legal, pues sus acciones se basan en acuerdos comunitarios que toda la población respeta.
Tampoco tienen dinero para las actividades y es por tequio, (práctica de trabajo comunitario sin remuneración económica que se realiza en Oaxaca), como llevan a cabo todas las actividades.
Nombran a Bernardo Vásquez Sánchez como presidente de la Copuvo, y a Rosy como secretaria.
Otros cargos también fueron designados por la comunidad, como coordinadores de secciones que fueron creando.
Entre las primeras acciones ya organizadas de la Copuvo fueron los bloqueos a la carretera que conduce a la mina para exigir la liberación de las personas que fueron apresadas en el último desalojo.
Lograron la libertad condicional de pobladores de San José, con el apoyo del departamento jurídico de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En aquel entonces, esas detenciones y desalojos que enfrentaron les hicieron trabajar con mayor ahínco.
Formaron comités de brigadeo para informar sobre lo que estaba pasando con la minera y cómo sus actividades extractivistas afectarían no solo a la comunidad de San José del Progreso, sino también a las comunidades aledañas.
Las luchas internas entre los grupos antagónicos continuaron y el tejido social era cada vez más débil, pues los asesinatos y la imposición de autoridades municipales afines a la minera continuaron.
Sin embargo, desde entonces a la fecha, el palacio municipal no ha sido ocupado por las autoridades electas en cada trienio.
La defensora recuerda que para el 2010, en abril, las autoridades agrarias citaron a muchos ejidatarios para realizar una asamblea, pero a puertas cerradas y a quienes pertenecían a la Copuvo les impedían el paso.
Vuelven a enfrentarse y la asamblea se disuelve y no logran conseguir las firmas para autorizar a la minera Cuzcatlán sus actividades de extracción de oro, plata y otros minerales.
El 19 de junio de ese mismo año se da otro enfrentamiento entre pobladores las agencias municipales El Cuajilote y Maguey Largo, que se oponen a las actividades de la minera La Trinidad, filial de Cuzcatlán.
Ahí mueren Venancio Óscar Martínez Rivera, quien entonces era presidente municipal de San José y de filiación perredista, y el regidor Misael Hernández.
Este presidente municipal denunció antes a Martín García, entonces sacerdote de la parroquia, como promotor de los disturbios, y cuando muere Venancio, sus seguidores lo incriminan.
Al sacerdote lo sacan de la parroquia, lo golpean y lo secuestran durante 48 horas, hasta que es rescatado por el gobierno del estado, pero nunca vuelve a San José.
Mientras, ambos bandos se culpaban de los asesinatos; sin embargo, Rosy señala que los balazos que recibieron las autoridades entraron por la espalda; es decir, fueron hechos por sus guardaespaldas. La Fiscalía nunca quiso realizar la autopsia.
A la par de los enfrentamientos, Rosy afirma que la minera trataba de ganarse a las familias de San José y llevaba despensas, dinero, y otras cosas, pero se trataba de beneficios que conseguía con el mismo gobierno.
Entonces la Copuvo también empezó a gestionar apoyos, beneficios y programas sociales de apoyo a la comunidad y a ayudar la población a resolver problemas que les presentaban, mientras el grupo de choque que tenía la empresa les hostigaba siempre.
Por eso se formaron dos “ayuntamientos” y dos comités de festejos patronales. Y así pasó un año más, en el que los trabajos de la minera no avanzaron nada.
“Se rompió el tejido social; por ejemplo, en una familia había tres hermanos a favor de la minera y otros tres en contra, pero fue por las acciones de la minera que “compró” terrenos de muy mala forma.
“Engañaron a las personas viejitas, les dieron algo de dinero y les hicieron poner sus huellas, como venta de sus terrenos, sin ellos saber que estaban vendiendo.
“Vimos muchos intereses económicos, de las mismas autoridades del Estado, el poder económico”, lamenta.
Un año y cinco meses después del asesinato del edil Venancio llega el tiempo de elecciones y ante la fuerte división social se cambia la forma de elegir a sus autoridades.
De ser una asamblea abierta pasó a un régimen de planillas que persiste en la actualidad, “porque desde entonces era: todo o nada”, no se aceptaba en el cabildo a nadie que no fuera del mismo grupo.
Fue la única ocasión en que la Copuvo entró de lleno a una elección, recuerda la activista.
Participaron la planilla verde, de ellos; y la azul, de nosotros, y perdimos porque hubo fraude, el dinero estuvo ahí, la minera dio dinero para comprar apoyos.
Eso dividió aún más al pueblo.
En enero de 2012 entra el nuevo cabildo emanado de la planilla verde, con Alberto Mauro Sánchez a la cabeza. Él fue el guarura del presidente Venancio, a quien acusaron de haberlo asesinado seis meses antes.
Antes de cumplir 20 días en el cargo, el 19, es asesinado Bernardo Méndez Vásquez, integrante de la Copuvo, y la gente de la población lo señaló de mandarlo a matar.
El hostigamiento hacia integrantes de la Copuvo se vuelve más intenso, manifiesta Rosalinda y recuerda el día del asesinato “del primer Bernardo”:
“Estaban rompiendo toda la calle para meter una tubería en la comunidad (trabajadores municipales), habían hecho un pozo profundo, pero es agua para la empresa y nosotros sin agua.
Entonces la gente fue a protestar y llegó la policía del municipio, y empieza a intimidarnos, mientras se hacían de palabras.
Al último dijo: pues hagan lo que tengan que hacer y que les empiezan a tirar de balazos. Ahí quedó herido todavía don Bernardo y luego pues ya muere.”
Después de ese asesinato, el hostigamiento se centra en quienes dirigían la Copuvo y así llega el atentado de la noche del 15 de marzo de 2012.
Este 2024 están a punto de cumplirse 12 años del atentado donde mataron al líder la Copuvo, Bernardo Vásquez Sánchez, y en el que Rosalinda Dionisio salió herida.
-¿Que se supo?, ¿quién lo mató?, ¿se sabe la verdad?
-Hasta donde sabemos, en el tema penal, no hay ningún detenido; hubieron presuntos que ya salieron, pero de los que han detenido solo a uno que le encuentran con un arma, pero pues esto ya no está.
Comenta que por su atentado, la carpeta de investigación sigue abierta, pero sin avanzar, y aunque le dictaron medidas cautelares, prácticamente no sirven.
Considera que el atentado fue cometido por paramilitares contratados por la empresa minera, coludidos con autoridades de gobierno, porque a la fecha no hay nada en las investigaciones ni tampoco justicia.
Después de su recuperación de tres meses en el hospital, la nombran dirigenta de la Copuvo y siguen la defensa de la tierra y el territorio, porque “no podían tirar a la basura tanto trabajo”.
La joven zapoteca confía que al paso de los años el movimiento se ha desgastado y ella también.
Aunque aun sigue siendo parte de la organización, evita dirigirla a pesar de que continuamente se lo proponen, porque ya no hay el respaldo popular de antes y porque quien actualmente la dirige, la madre de Bernardo Vásquez, ha actuado indebidamente.
En esa desesperanza que la invadió después, muchas veces se preguntaba a sí misma si había valido la pena esta lucha porque la minera Cuzcatlán siguió avanzando después de eso y a la fecha ya hace la explotación de plata y oro y sigue expandiéndose.
Pero ahora, a la distancia, valió la pena todo, se hizo conciencia en las comunidades sobre los daños de la minería y se logró una red de municipios que la rechazan.
Valió la pena, reitera Rosy, quien en el 2011 volvió a iniciar sus estudios de abogacía en la Universidad “Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), y los concluyó en el 2016.
Ahora su sueño es poder dedicarse al campo, sembrar sus plantas, sus flores, maíz y frijol, y cuidar de sus animalitos, como le enseñaron su padre y su madre, a quienes hoy cuida con afán, mientras la minera continúa con sus planes y ella sin medidas cautelares.
