Denuncia ambientalista que Guardia Nacional cesó visitas domiciliarias por su activismo contra el interoceánico

* "La seguridad de los defensores no puede depender del gobierno, porque es el principal agresor, debe ser un ente regional y a través de organizaciones sociales”

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Edgar Martín Regalado, activista del medio ambiente.
Diana Manzo

Oaxaca, Oax.- Por su lucha y defensa en contra de las obras que realizan en el Corredor Interoceánico, el activista zapoteca Edgar Martín Regalado denunció que elementos de la Guardia Nacional han cesado sus visitas domiciliarias, lo cual lo pone en riesgo.

Martín Regalado tiene vigilancia federal de parte del Mecanismo de Protección desde el 2020; sin embargo, este organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob) lleva varios meses sin aplicarle una evaluación de riesgo que permite saber si su vida corre peligro o no.

El ambientalista se ha destacado como defensor comunitario en su natal Unión Hidalgo y actualmente su lucha está en contra del ecocidio ambiental causado por la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la rehabilitación de la línea K del tramo Tapachula, Chiapas- Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

En esta zona que Edgar defiende, ha alertado que la Semar además de derribar 10 mil árboles nativos de la zona, también extrajo material pétreo sin permiso ni autorización de la comunidad.

Edgar refirió que esta falta de seguridad y de garantías a su persona lo ponen en riesgo, y más aún porque firmar el amparo a favor de “El Barrancón” lo pone en alerta.

Explicó que en teoría la Guardia Nacional debe acudir una vez por semana a su domicilio y reportar que todo marcha bien.

“Ellos deben estar pendientes de la evaluación de riesgos, la semana pasada la organización social CodigoDH -que me acompaña- le recordó al Mecanismo que esté pendiente, pero no llegaron”.

Y es que destacó que cuando se opuso junto con sus compañeros y la comunidad a empresas trasnacionales, que intentaban colocar un parque eólico en su localidad, se le brindó la protección, pero ahora como se trata del gobierno federal, se oponen.

“La seguridad de los defensores no puede depender del gobierno, porque es el principal agresor, debe ser un ente regional y a través de organizaciones sociales”, concluyó.