En la Costa Grande de Guerrero, donde violencia y pobreza son parte de la cotidianidad desde hace ya mucho tiempo, un ejido trabaja para cambiar esa historia; sus herramientas son la reforestación y el manejo forestal comunitario.
Don Rufino nació en una comunidad del estado Guerrero, al sur de México. Crecer en una región donde las armas siempre estaban presentes, lo hizo asumir que vivir en paz era algo fuera de lo normal. Hoy —dice este hombre de 65 años— ya no es igual. Y como prueba de su nueva realidad están los terrenos que antes tenían sembradíos de amapola y ahora albergan árboles.
“¿Quién dijo que no es tu obligación estar en paz? ¿Quién dijo que te tenías que andar matando siempre?”, se pregunta Rufino Cázares, del ejido Cordón Grande, ubicado en la región conocida como Costa Grande, en Guerrero, y en donde los habitantes han formado empresas comunitarias con las que impulsan la recuperación de sus recursos forestales.
El ejido Cordón Grande, en el municipio de Tecpan de Galeana, abarca 16 039 hectáreas y se extiende a lo largo de una zona que va desde los 1000 hasta los 2900 metros sobre el nivel del mar. En ese extenso territorio, la comunidad ha destinado 10 000 hectáreas a la conservación del bosque.
Cuando la deforestación aún no llegaba
En 1955 nació Rufino. En ese entonces, dos familias de la región estaban peleadas y trataban de resolver sus problemas utilizando las armas. Cordón Grande les quedaba de paso a ambas partes cuando lanzaban sus ataques: “Era una revuelta de la región de Tierra Caliente contra la Costa, de apellido contra apellido”, cuenta Rufino sobre ese episodio que, como todos los pasajes importantes de la historia de Cordón Grande, se transmite por medio de la oralidad.
Los primeros recuerdos que tiene el señor Rufino sobre Cordón Grande son de cuando la comunidad aún no era ejido, cuando el agua del arroyo corría entre los árboles, cuando abundaban los parajes boscosos, se practicaba la agricultura para el autoconsumo y todavía no existía la deforestación. Esta llegó después. “No nos preocupábamos de que se fuera a terminar el bosque”, dice.
De adolescente, le tocó enterarse de las primeras gestiones para convertir su comunidad en ejido, lo que se concretó en 1996. En esos tiempos, eran frecuentes los “agarres” (enfrentamientos) en Cordón Grande y en los ejidos aledaños: El Balcón, Cuatro Cruces, Fresnos de Puerto Rico, La Trinidad, Platanillo, Pie de la Cuesta y Tierras Blancas.
Los “agarres” son conflictos que pueden durar años y, según don Rufino, son las piedras en el camino para que los ejidos avancen porque son sinónimo de desunión.
La secretaria del ejido Cordón Grande, Nansedalia Ramírez —la primer mujer que ocupa un cargo comunitario en la historia del ejido Cordón Grande—, considera que la falta de cohesión social en la región es lo que abre la puerta no solo a la violencia, también al saqueo descontrolado de los recursos naturales.
Talar sin control
Cuando don Rufino se hizo ejidatario, a finales de la década de los sesenta, su labor era básicamente la agricultura. Al poco tiempo, en su comunidad comenzó la tala de los bosques, para poder complementar los bajos ingresos de los campesinos. La empresa Forestal Vicente Guerrero —paraestatal del gobierno de Guerrero que después se llamó Industrias Forestales Guerrero— era la que compraba sus árboles.
En Cordón Grande se recuerda que llegaban ingenieros forestales “a señalar los árboles que se tenían que tirar” y nada más. La comunidad no recibía ningún tipo de asesoría para impulsar un manejo forestal sostenible. Incluso, don Rufino ahora dice: “Nunca supimos si de verdad eran ingenieros”.
A los pobladores —explica Rufino— les informaron que, cuando tuvieran conocimientos sobre reforestación y aprendieran a utilizar la maquinaria, la paraestatal se retiraría y dejaría que la comunidad se hiciera cargo del manejo de sus bosques.
“Pasaron más de 20 años y según ellos nunca aprendimos a manejar la maquinaria. Se fueron con todo y dejaron los bosques pelones”, recuerda Rufino.
Por más de tres décadas, una buena parte de los bosques de Guerrero “se vieron inmersos en un esquema ineficiente, corrupto y voraz a cargo de empresas concesionarias, tanto paraestatales como privadas, que no dejó aprendizajes, infraestructura ni capacidades en los ejidos y las comunidades”, explica Arturo García, coordinador del Colectivo MeF bosques y quien ha trabajado con comunidades forestales del estado.
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