Por Mariela Castañón
Ilustraciones: Diego Sánchez

Al momento de ser violadas tenían entre 12 y 16 años. La mayoría fueron escogidas por redes sociales y trasladadas en taxis, mototaxis y buses, bajo engaños o amenazas, a cuatro cárceles de hombres en Guatemala. Varias de ellas fueron abusadas sexualmente por más de un agresor y otras permanecieron en el lugar hasta 48 horas.

Estos son casos de violencia sexual reales identificados por autoridades judiciales. Esta investigación de Nuestras Historias, Plaza Pública, Ruda, Prensa Comunitaria, No Ficción, Factor 4 y CONNECTAS recopiló los casos de 12 adolescentes víctimas del mismo patrón criminal: ante la mirada inútil y la falta de aplicación de la norma por parte de las autoridades penitenciarias, bandas delincuenciales las ingresaron a las cárceles para violarlas entre 2016 y 2024.

El equipo tuvo acceso a los expedientes de los casos, de los cuales solo uno tiene sentencia e involucran a una mujer. Por esa razón, y por los riesgos que aún corren las víctimas, el reportaje omite detalles específicos de cada uno de los casos.
Las investigaciones de las autoridades dejan en evidencia la estructura criminal que está detrás de cada adolescente violentada sexualmente en las cárceles. No se tratan de delitos por oportunidades. Las víctimas fueron movilizadas de zonas urbanas a otros municipios, departamentos o frontera del país. Los expedientes también muestran cómo en todos los casos los criminales pagaron por los traslados y la vestimenta que usaron las jóvenes para ingresar a las prisiones, así como por la captación que realizaron las proxenetas y por no dejar rastro de la visita. En al menos una ocasión también pagaron por el alcohol y las drogas que obligaron a ingerir a dos víctimas.

Por el momento, los agresores sexuales identificados involucran a cuatro pandilleros del Barrio 18, el hijo de un narcotraficante y dos reos vinculados con él. Esos reclusos, por el poder económico que ostentan y por el temor que infunden, ejercen control en las prisiones donde están recluidos, de acuerdo con varias de las fuentes consultadas.

En las estructuras dirigidas por estos grupos, las proxenetas eran las encargadas de identificar a las adolescentes físicamente, obtener información sobre su entorno familiar o escolar, conocer sus necesidades económicas y afectivas. Todas eran mujeres, tenían edades entre 19 y 35 años, cinco están en prisión preventiva y enfrentan un proceso judicial. Ellas se encargaban de buscar el transporte para las adolescentes, acompañarlas hasta la entrada de la cárcel, pagar sobornos a los agentes penitenciarios y en ocasiones fingir que eran sus familiares. Las proxenetas también dejaban a las adolescentes entre cinco horas a dos días dentro de las cárceles, posteriormente volvían por ellas y les pagaban para que regresaran a sus casas, generalmente por sus propios medios.

Para este reportaje se entrevistó a fiscales, policías especializados, un juez, exministros de Gobernación, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y querellantes en varios de los casos que investiga la justicia. Todos advierten que es un problema más grande de lo que los datos permiten ver.

Por cada víctima de trata con fines de explotación sexual rescatada, treinta más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“Este es un tema de corrupción en primer lugar. (También) es un tema de falta de infraestructura física moderna que permita que los reos puedan ser clasificados de acuerdo a su peligrosidad mínima, mediana, gran peligrosidad; en las que efectivamente el personal de seguridad y administrativo sean mucho más capacitados y profesionales y se utilice toda la tecnología de punta para los controles de los reos”, explica Julio Rivera Clavería, abogado y exviceministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.

En el último año la policía ejecutó dos operativos para rescatar a las víctimas y desmantelar las estructuras que permiten la explotación sexual de adolescentes en las cárceles. En estas diligencias fueron acusados: 33 agentes penitenciarios, 11 miembros de bandas delictivas y siete reos.

Carlos Figueroa, fiscal contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), hace referencia a los operativos y explica que este es un delito que ha perdurado en el tiempo. “Esto hay que verlo como un fenómeno que se ha suscitado en la sociedad durante varios años. No hay que verlo como un caso aislado, porque estos casos generalmente empiezan pequeños y terminan siendo unos monstruos. La trata de personas no solo da la posibilidad de investigar delitos conexos, como el lavado de dinero, sino también la participación de las personas en las diferentes fases del delito, por ponerle un ejemplo: el captador”, dice Figueroa.

En abril pasado, 31 diputados ponentes de las bancadas Semilla, Unidad Nacional de la Esperanza, Cabal, Azul, Visión con Valores, Voluntad Oportunidad y Solidaridad firmaron la iniciativa de Ley 6384, que pretende evitar este delito. En la justificación de esta propuesta se advierte que “los casos de violaciones de personas menores de edad dentro de los centros de privación de libertad han ido en aumento exponencialmente (…) son ingresadas por adultos y han sido víctimas de delitos de violencia sexual o trata de personas”.

Pese a que estas acciones de las autoridades advierten de un problema sistemático, esta investigación evidencia que no existen registros oficiales que permitan establecer la verdadera magnitud de este delito. Ni siquiera de estos 12 casos, que el propio Estado investiga, hay registros en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ni en las entidades encargadas de investigar y prevenir la explotación sexual y la trata de personas.

El primer caso que se conoció fue en octubre de 2009, cuando se publicó la investigación periodística “Niñas y adolescentes son violadas en sector 11 del Preventivo”, en Diario La Hora, que reveló cómo la pandilla del Barrio 18 reclutaba y explotaba sexualmente a adolescentes. En ese año fungía como director de la DGSP, Eddy Morales y cuatro meses después asumió como ministro de Gobernación, Carlos Menocal, quienes intentaron controlar las acciones ilícitas de los presos.

Leer nota completa: https://www.connectas.org/violaciones-tras-las-rejas-carceles-guatemala/