Vecinos de Oclaro Residencial denunciaron que el agente municipal Ángel Silva Salgado usa bloqueos como presión contra la inmobiliaria Grupo Bonn, afectando a familias del desarrollo habitacional.
Acusan a agente de San Martín Mexicápam de extorsionar a fraccionamiento con bloqueos y amenaza de suspender servicios
Vecinos de Oclaro Residencial denunciaron que el agente municipal Ángel Silva Salgado usa bloqueos como presión contra la inmobiliaria Grupo Bonn, afectando a familias del desarrollo habitacional.
Vecinos del fraccionamiento Oclaro Residencial denunciaron que el agente municipal de San Martín Mexicápam, Ángel Silva Salgado, utiliza bloqueos en los accesos al inmueble como instrumento de presión y chantaje contra la empresa inmobiliaria Grupo Bonn, afectando con ello a decenas de familias que habitan el desarrollo ubicado en la calle Monte Albán 501 de esa agencia.
De acuerdo con los denunciantes, Silva Salgado habría enviado grupos de choque para cerrar los accesos al fraccionamiento con el objetivo de presionar a la constructora a cumplir diversas demandas, sin que hasta el momento se haya precisado públicamente cuáles son esas exigencias ni si responden a un interés comunitario legítimo o a beneficios particulares.
Los vecinos acusaron al funcionario de actuar de forma parcial y de instrumentalizar el conflicto para favorecer intereses ajenos a los residentes.
El caso agrega una dimensión de presunta extorsión institucional al historial de tensiones entre los habitantes del fraccionamiento y la inmobiliaria.
En enero de 2024, los propios vecinos habían bloqueado los accesos de Oclaro Residencial para exigir a Grupo Bonn mayor seguridad, luego de que se registrara el robo de neumáticos de tres vehículos durante una madrugada.
En aquella ocasión, los colonos señalaron que la empresa había incumplido diversas peticiones orientadas a prevenir este tipo de delitos.
Ahora, los residentes denuncian que la situación ha dado un giro en el que la misma figura de autoridad que debería mediar el conflicto se ha convertido en uno de los actores que los afectan.
Señalan que los bloqueos promovidos desde la agencia municipal no solo no resuelven sus demandas de seguridad y servicios, sino que las agravan al impedirles el libre tránsito dentro de su propio fraccionamiento.
Durante un enfrentamiento verbal con vecinos, Silva Salgado reconoció que la agencia municipal ha brindado servicios como poda de árboles y recolección de basura al interior del fraccionamiento.
“Ese impuesto no se le paga a él, sino al municipio”.
Según los vecinos, el funcionario respondió así cuando le reclamaron que esos servicios ya están cubiertos con el pago del impuesto predial, y advirtió que en consecuencia dejarían de prestarse dichos servicios.
Los residentes interpretaron esa respuesta como una amenaza directa: una forma de condicionarles el acceso a servicios básicos si no ceden ante las presiones del agente.
Silva Salgado está identificado políticamente con Morena. No es la primera vez que su gestión genera controversia: en 2022 ya había sido señalado por presuntos nexos con la delincuencia, señalamientos que en su momento negó mediante un comunicado público, aunque los cuestionamientos no cesaron.
La agencia municipal de San Martín Mexicápam ha registrado históricamente altos índices de violencia e inseguridad.
Según documentó el Observatorio Ciudadano Oaxaca con Seguridad, esa agencia ha sido considerada en años recientes como una de las zonas con mayor presencia delictiva en la capital del estado, con bandas que en su momento llegaron a operar en espacios que las corporaciones policiales evitaban.
Ese contexto hace más graves las acusaciones contra un funcionario público que, en lugar de contribuir a la pacificación del territorio, presuntamente recurre a la intimidación como método de gestión.
Análisis
La denuncia contra el agente municipal coloca el conflicto vecinal en un terreno más delicado: ya no se trata solo de una disputa entre residentes e inmobiliaria, sino de la presunta intervención de una autoridad local mediante métodos de presión.
Si los bloqueos se usan para condicionar servicios o forzar acuerdos privados, el problema deja de ser comunitario y se convierte en una posible forma de abuso de autoridad.
El caso también revela la fragilidad de la gobernanza en zonas urbanas con antecedentes de inseguridad. Cuando una autoridad auxiliar es percibida como parte del problema, los vecinos pierden un canal institucional clave para resolver conflictos.
El abogado del diablo
Desde otra perspectiva, la agencia municipal podría argumentar que tiene reclamos legítimos frente a la inmobiliaria y que su intervención busca atender pendientes de servicios, seguridad o impacto urbano derivados del desarrollo habitacional.
También podría sostener que los fraccionamientos privados no deben quedar aislados de las obligaciones comunitarias de la agencia donde se ubican.
Sin embargo, aun si existieran demandas legítimas, el bloqueo de accesos y la amenaza de suspender servicios no son mecanismos aceptables de gestión pública. La autoridad debe mediar, no presionar; ordenar, no intimidar.
La pregunta central será si las acusaciones se investigan formalmente o si el conflicto queda atrapado en la tensión entre vecinos, inmobiliaria y agencia municipal.
