El alto tribunal no concede los 45 millones que exigía la sociedad, pero sí impone al Estado una indemnización de ocho millones de euros.
Pero hasta cinco años después, en diciembre de 2008, el Gobierno no le adjudica la ruta.
El retraso, en esta ocasión, le va a costar al Estado ocho millones de euros, aunque la indemnización llega 38 años después de que la empresa solicitara la ruta de autobuses entre Madrid y Pamplona en la que estaba interesada.
Pero en medio, en los 30 años pasados entre la petición de la compañía y la concesión, el Gobierno había otorgado había autorizado esa misma ruta a otras empresas.
La Audiencia avaló dos años después los argumentos del Gobierno y el Supremo, ahora, los ha corregido.
Fuente: http://elpais.com/politica/2016/04/12/actualidad/1460461524_134340.html
