Dicho incumplimiento configura, según lo que establece la Ley, crímenes de responsabilidad administrativa y fiscal – los cuales solo pueden ser imputados al Presidente de la República.
Sea como sea, ojalá tengamos que acostumbrarnos a este “nuevo normal” latinoamericano: nadie está por encima de la Ley; ni los ungidos por la voluntad popular.
En los últimos días, los medios de comunicación globales han destacado la culminación política del proceso de impedimento de la Presidenta Dilma Rousseff.
El primer equivoco tiene que ver con la interpretación de que el impedimento de la presidenta constituye un “golpe” contra la voluntad popular, expresada en las urnas el 26 de octubre de 2014.
Desde junio de 2013, el Gobierno viene enfrentado reiteradas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas movilizadas a través de las redes sociales.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/04/27/america/1461789977_885004.html
