Durante el juicio, Ana Belén responsabilizó del plan al testigo protegido, pero el tribunal no le creyó.
El plan se frustró porque la persona a la que habían elegido como sicario se lo contó a la Policía.
Allí le entregó el dinero y también fotos de los dos hombres a los que debían matar, las llaves de la casa del dueño de la funeraria y sus horarios.
Toda esa documentación y la transferencia de dinero de una cuenta a otra se convirtieron en pruebas definitivas de los delitos.
El supuesto cómplice que acabó siendo testigo puso un precio al encargo: 4.000 euros por cada crimen.
Fuente: http://elpais.com/politica/2016/06/13/actualidad/1465818664_088154.html
