Ana Cristina Ramos
Habitantes de Bacánuchi, Sonora, pelean en la corte su derecho de participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México), en la misma región donde hace 4 años ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos del país. El fallo sobre el amparo que presentaron será definido este miércoles en la Suprema Corte de Justicia y será un precedente clave para garantizar el derecho de los vecinos de participar en decisiones que afectan su medioambiente
El 6 de agosto de 2014, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, terminaron en los ríos Bacanuchi y Sonora, en uno de los mayores desastres ecológicos del país; el derrame provocado minera de Grupo México -propiedad del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea- afectó a los pobladores de 36 comunidades de la región.
Cuatro años después, este miércoles 22 de agosto, el ministro Javier Laynez Potisek, presentará ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia del amparo 365/2018, que decidirá si la misma empresa puede construir una nueva presa de jales (donde se tiran los desechos tóxicos de una mina) sin que las comunidades afectadas puedan opinar al respecto.
El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las poblaciones aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por eso, el pasado lunes 20, a las puertas de la Suprema Corte se reunió una pequeña congregación de hombres y mujeres con paliacates rojos, sombreros de paja, machetes y letreros con consignas de demandan a los derechos ambientales.
Eran habitantes de Bacanuchi, que fueron afectados por el derrame de la presa de jales en Sonora, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, que desde 2001 han luchado una batalla contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.
“Nosotros lo único que le estamos pidiendo a la corte es que nos dé la razón, nosotros vivimos ahí, estamos sufriendo las consecuencias”, dijo Martín Valenzuela, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, quien cargaba un letrero con la leyenda: “Justicia, remediación y no repetición”.
Para Luis Miguel Cano, el abogado que acompaña el proceso legal en Sonora, el tribunal debe de darle garantía a los ciudadanos sobre su derecho a participar de manera informada en asuntos medioambientales. “Lo que diga la corte, no sólo va a afectar el desastre natural en Sonora, nos afecta a todos, por eso hoy nos unimos; pueden negarnos el amparo, pero no pueden negarnos nuestros derechos”, dijo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente — Grenpeace, CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz — se sumaron a esta demanda y entregaron a la corte un Amicus Curiae (una opinión especializada de expertos ajenos al litigio, que busca apoyar al tribunal en la resolución de un tema) en el que exponen argumentos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. La participación ciudadana en las políticas públicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, dijo María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa
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