HRW y PROVEA señalan en su informe que hay fuertes evidencias que sugieren que al menos 20 de esos casos podrían ser ejecuciones extrajudiciales cometidas durante redadas policiales.
Finalmente, el informe recoge el caso de deportaciones arbitrarias en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, desde el inicio de la OLP.
La OLP supone una “absoluta institucionalización del abuso del poder”, denunció por su parte Inti Rodríguez, coordinador de investigación de PROVEA.
Los “abusos” no concluyen ahí, advierten HRW y PROVEA.
Según datos oficiales de la Fiscalía venezolana, en el marco de la OLP murieron hasta diciembre 245 personas en operativos de las fuerzas de seguridad.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/04/04/america/1459791932_699338.html
