La expulsión violenta y el desplazamiento forzado, una constante en Chiapas
María Esmeralda López tiene 17 años y cursa el sexto semestre en el Colegio de Bachilleres. Sentada en un tronco, en medio de un bosque de pino, observa a otros tres compañeros del Colegio, a su padre y madre, a su hermano mayor, a sus vecinos, hombres y mujeres; a los 57 indígenas tojolabales quienes desde el 23 de febrero pasado, duermen a la intemperie, solo protegidos por unos plásticos.
María Esmeralda narra que todos los días hasta antes del 23 de febrero, caminaba hora y media rumbo al Colegio, desde el poblado Primero de Agosto a Nuevo Momón, en Las Margaritas; hasta que su hermano mayor, un campesino sin tierra, y varios jóvenes como él, fueron expulsados junto con sus familias, en castigo por gestionar a su favor 73 hectáreas de tierra que según el Registro Agrario Nacional, son terrenos nacionales, no tienen dueño alguno.
Sus expulsores, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Histórica), no desean que nadie usufructúe esos terrenos que hace algunos periodos electorales, un candidato a presidente municipal les ofreció a cambio de su voto.
Desde entonces, aún cuando no hay ningún documento legal que se los conceda, quienes militan en esa organización se sienten dueños de esa tierra a la que llaman El Roble; y se consideran socios de las autoridades municipales de Las Margaritas y de los gobiernos estatal y federal, porque los cioaquistas han ocupado diversos cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como moneda de cambio por su voto y su complicidad. Los hermanos Luis y Antonio Hernández –ex diputados federales- son prueba de ello.
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