Se trata de la segunda etapa para crear una tierra indígena en Brasil, que después debe ser demarcada por el Ministerio de Justicia y homologada por la Presidencia.
En 2013, el líder indígena Ambrósio Vilhalva, de 52 años, también fue asesinado a puñaladas en un área retomada cerca de Dourados.
Cuando un estudio identifica una Tierra Indígena, el Gobierno federal tiene que expropiar el área, pero solo puede indemnizar a los propietarios por las mejoras realizadas, como inmuebles y plantaciones.
Por el otro, los productores rurales no aceptan perder las tierras sin recibir el valor completo de la indemnización.
A principios del siglo XX se intensificó el proceso de expulsión, cuando el Gobierno brasileño empezó a vender las tierras para construir haciendas.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/06/16/actualidad/1466098817_033712.html
