(14 de junio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Revisé mis documentos del caso Odebrecht. No aparece Jiménez Espriú. Aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza para empresas como Zecapan S.A, Latín American Asia Capital Holding, Innovation R. E. Atrás de todo: Emilio Lozoya”, sentencia en una publicación de Twitter, Santiago Nieto, ex titular de la Fepade.
Lo anterior, después que durante el último debate entre candidatos presidenciales, José Antonio Meade respondiera a Ricardo Anaya, sobre su presunta complicidad en el caso Odebrecht, por medio de un ataque contra Andrés Manuel López Obrador.
“Lo del caso Odebrecht no es una pregunta para mí, es para López Obrador”, para después decir que “un socio de la empresa petrolera es de la familia Javier Jiménez Espriú, propuesto para formar parte de su gabinete como secretario de Comunicaciones y Transportes”.
Sobre la acusación, Jiménez Espriú escribió: Ante las calumnias de un desesperado José Antonio Meade, envío la siguiente aclaración:
En el texto explica: “En su desesperación, José Antonio Meade, miente como es su costumbre, señalando en el debate de los candidatos, que mi familia es socia de Odebrecht y en un tweet posterior señala que soy Director General de IDESA.
No soy ni he sido nunca Director General de IDESA. IDESA es una empresa petroquímica mexicana que fundó mi suegro, Don Pascual Gutiérrez Roldán, hace más de 60 años y que han dirigido él, sus hijos finados y ahora el hijo de uno de ellos.
Ni yo he dirigido IDESA, ni IDESA tiene ninguna relación con los temas de Comunicaciones y Transportes en los que estoy colaborando con el Licenciado López Obrador”, puntualiza el texto.
A esto sumó otra publicación donde señaló: “José Antonio Meade es un taimado. Sabe perfectamente quienes están involucrados en el fraude de Odebrecht y sus maniobras distractivas y difamatorias son acciones de complicidad. Se sabrá la verdad públicamente, más temprano que tarde”.
Esta semana el New York Times publicó que, el gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina (Odebrecht). Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante en las elecciones presidenciales del 1 de julio, según tres personas que conocen el caso de forma directa.
“El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá”.
La publicación señala que, en México se han estancado dos investigaciones federales. Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho.
A su vez, se trae a tema un recuerdo de los escándalos de corrupción, que señala la publicación, “han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder”. La primera dama adquirió un hogar de lujo de un contratista del gobierno en condiciones muy favorables, revelación que marcó el inicio de una caída en la popularidad del presidente, retoma.
“Y surgieron más escándalos, entre ellos, la desaparición aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas; el uso de un sofisticado programa espía comprado por el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos, y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar campañas del partido gobernante.
La falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos”.
Se toca también el tema del despido de Santiago Nieto, advirtiendo que, “una de las investigaciones en México —iniciada por un fiscal especializado y cuyos documentos fueron revisados por The New York Times— identifica a un asesor cercano a Peña Nieto como sospechoso (Emilio Lozoya). Sin embargo, la pesquisa seguía en fases iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre. Desde entonces el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han languidecido durante meses, de acuerdo con otras dos personas que revisaron los últimos archivos del caso”.
En realidad, el caso ha sido archivado, según las tres personas con conocimiento de la situación. Ya golpeado por múltiples casos de corrupción y por el aumento de violencia en todo el país, dijeron, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio, señala el texto.
Añade que, retrasar o frenar los procesamientos también podría afectar la reputación del partido, el cálculo tiene sentido, dicen los críticos: la indignación por un encubrimiento podría ser menos dañina para el partido que la exposición de más corrupción en un juicio.
“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del presidente, que ya está dañada”, dijo al ese medio Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del país, que ha sido consagrado en la Constitución. “No acusar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro de partido”.
Desde la salida de Nieto, según personas familiarizadas con el caso, la investigación se ha estancado. Más de siete meses después, la solicitud de información sobre las cuentas bancarias sigue en algún escritorio de la PGR, de acuerdo con una de las fuentes.
“El escándalo de Odebrecht se ha vuelto una especie de prueba sobre la rendición de cuentas en los países manchados por él”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata de Vermont, de acuerdo con el New York Times, quien ha sido crítico del sistema de justicia mexicano. “México hoy está en medio de una acalorada campaña presidencial. Esta es la oportunidad para que el gobierno de Peña Nieto demuestre que nadie está por encima de la ley”.
Cabe señalar que justamente un día antes del debate, el consorcio conformado por las empresas Braskem e Idesa, se deslindó de la compañía brasileña Odebrecht –de la que Braskem es una filial–, negó que exista un “precio preferencial en el etano suministrado” a su planta y aseveró que no incurrió en “irregularidad alguna en sus actividades en México”, de acuerdo con Proceso.
Esto luego que se publicaran reportajes que dieron cuenta que, “siendo presidente del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña, avaló en abril de 2011 el contrato de suministro de etano celebrado entre Pemex y Braskem Idesa en febrero del año anterior, y que desencadenó un desastre industrial y pérdidas multimillonarias en la petrolera mexicana”, informa el mismo medio.
Se continúa señalando que, “durante la sesión del Consejo de Administración de Pemex, el hoy candidato presidencial del PRI ignoró las advertencias de tres consejeros de la petrolera, quienes le alertaron que el documento perjudicaba los intereses de la empresa e, incluso, desairó la solicitud de uno de ellos de suspender el proyecto para revisar a fondo los términos del contrato”.
