El ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, reactivó una consulta para el proyecto eólico “Gunaa sicarú” de la empresa francesa EDF, pese a la suspensión de un juez y a las violaciones documentadas contra los derechos de la comunidad zapoteca
Texto: Josefa Sánchez Contreras | PIE DE PÁGINA
Foto: María Ruiz / Archivo
Las personas didxitzá o zapotecas de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, comienzan el año 2022 con tensiones. El ayuntamiento municipal llama a reanudar la fase deliberativa de “la consulta indígena” para la instalación del proyecto eólico “gunaa sicarú”. El capital proviene de la empresa estatal francesa Électricité de France (EDF).
La convocatoria se promueve a pesar de que a finales de 2021 un Tribunal Colegiado determinó la suspensión de plano, expediente 302 /2020. Esto impide que comience la construcción del parque en tierras comunales. También suspende cualquier tipo de consulta. El sábado 22 de enero pasado, el ayuntamiento convocó a la fase deliberativa de la consulta, pero no hubo quórum. Por eso se pospuso para este sábado 29 de enero; eso ha despertado preocupaciones entre las habitantes y ha generado un ambiente de tensión en la población.
El parque eólico “gunaa sicarú” está proyectado sobre 4 mil 700 hectáreas de tierras comunales de Juchitán de Zaragoza. El área abarca justamente los anexos agrarios de Unión Hidalgo y la Ventosa.
La defensa zapoteca contra Électricité de France
En el 2017 EDFRenouvelables a través de su subsidiaria Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V. obtuvo el permiso E/1922/Gen/2017 de la Comisión Reguladora de Energía para generar 252 MW. Sin embargo, la central eólica “Gunaa sicarú” proyecta la generación de 300 MW con la instalación de 115 aerogeneradores. Esta es una de las muchas arbitrariedades que han privado en el proyecto.
Además de la imposición de los aerogeneradores, se promueve la firma de contratos entre la empresa y pequeños propietarios de la tierra. Esta modalidad pasó por alto el carácter comunal de las tierras. Omitió a la figura del representante de bienes comunales que desde 2012 nombró la Asamblea de comuneros de Unión Hidalgo.
La Asamblea interpuso amparos contra las violaciones a los derechos indígenas y humanos que EDF cometía a través de su proyecto eólico “Gunaa sicarú”. Por ello la Secretaría de Energía (Sener) y la filial de la empresa francesa tuvieron que promover en el 2018 una consulta indígena. Se suponía que debía ser previa, libre e informada, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT; sin embargo la consulta comenzó cuando los contratos entre la empresa y los pequeños propietarios ya estaban firmados. Esto ya ya había implicado la violación al carácter previo de la misma y a la tenencia comunal. Además la empresa ya había obtenido licencias para generar energía eléctrica.
Desde que se comenzó a promover la consulta, la Asamblea de comuneros de Unión Hidalgo sostiene una disputa jurídica y una movilización comunitaria. En 2018 logró que en dos ocasiones un juez suspendiera la consulta. Pero ello no fue suficiente para que EDF desistiera pues la fase informativa se reanudó en el mismo año.
La disputa por el territorio ha generado un ambiente de violencia en la región del Istmo. Ésta ha sido señalada constantemente por la misma Asamblea y por diversas organizaciones e instancias internacionales. Han atestiguado y registrado la violación a los derechos humanos que la filial de EDF esta cometiendo.
En 2012 las organizaciones AIDA (The Interamerican Association for Environmental Defense) y CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) hicieron un llamamiento a México para que garantizara los derechos humanos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec afectadas por la instalación de parques eólicos.
Para 2019 el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos registró las amenazas, los señalamientos y la estigmatización contra los defensores del territorio de la comunidad indígena de Unión Hidalgo. Se trata de un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Al año siguiente, el Punto de Contacto Nacional Francés emitió tres recomendaciones al grupo EDF y a EDF Renouvelables . Pidió tomar en cuenta a las comunidades indígenas afectadas por “Gunaa sicarú”.
Ese mismo 2020 la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, la Asociación Mexicana de Derechos Humanos ProDESC y la Asociación de Defensa de Derechos Humanos ECCHR promovieron una demanda civil contra EDF a través de la ley de deber y vigilancia en el Tribunal de París.
Aunque para 2021, el Tribunal desestimó la solicitud, cuatro eurodiputados pidieron que se le aplicará la ley de deber y vigilancia a EDF por las inconsistencias de la consulta.
“Las empresas francesas no deben escudarse en el imperativo de la transición energética en Francia y en el mundo para pasar por encima de los derechos humanos”, argumentaron.
Eurodiputados.
Ese año, el colectivo Stop EDF Mexique organizó una gira en Francia con tres defensores del territorio del Istmo. La delegación denunció y difundió el colonialismo energético que ejecuta EDF en Unión Hidalgo. Recorrieron territorios afectados por centrales eólicas y por proyectos nucleares, además de que se encontraron con redes solidarias internacionales.
La empresa francesa insiste
Un grupo de comuneros zapotecos de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Sexto de Distrito San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En ese expediente 302 /2020 denunciaron al Estado mexicano y a EDF. El resultado fue la suspensión de plano, lo cual significa que la empresa no puede ejecutar trabajos sobre las tierras comunales mientras continúe el juicio. Tampoco se puede reanudar la consulta indígena.
Todo ello no ha sido suficiente para que EDF y los promotores del proyecto gunaa sicarú desistan.
En esta temporada de álgidos contagios de covid-19, el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo quiere reactivar la consulta en su fase deliberativa.
Ese intento pasa por alto la suspensión de plano emitida por el Juzgado. Ignora también la carta de cuatro relatores especiales sobre derechos humanos e indígenas a los gobiernos de Francia, México y a la empresa EDF. Los especialistas expusieron y documentaron las violaciones y las arbitrariedades que ha cometido el proyecto eólico “Gunaa sicarú” en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
Grandes generadores de energía entre viviendas sin luz
La central eólica “Gunaa sicarú” es parte de un corredor mucho más grande que hasta el año 2021 se había constituido por 29 parques eólicos con capacidad de 2 360 MW. Sin embargo uno de sus grandes contrastes es estar ubicado en territorios cuyos habitantes aún no satisfacen sus derechos básicos de acceso a la energía eléctrica. La energía ahí generada va dirigida a las empresas Wal-Mart, Cemex, Femsa Oxxo, Cruz Azul, Soriana, Nestle, Grupo Modelo, Grupo Bimbo, BBVA Bancomer, tiendas Chedrahui e incluso a empresas mineras cómo Grupo México, Minera Autlán e Industria Peñoles.
EDF promueve que la central “Gunaa sicarú” producirá el equivalente al consumo de 473 mil habitantes en México y evitará la emisión atmosférica de 524 mil toneladas de CO2; sin embargo, eso no significa que la energía se destinará a la población zapoteca de Unión Hidalgo.
Pese a que la mayoría de los hogares están conectados a la red nacional eléctrica, los precios de la electricidad siguen siendo altos y a menudo inasequibles para muchos habitantes de Unión Hidalgo; así lo documentaron los relatores especiales.
La reactivación de la consulta abona a un ambiente de violencia y pone en riesgo la integridad física de los y las defensoras del territorio en el Istmo de Tehuantepec.
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