Violencia institucional e impunidad: PRI sobre asesinatos de ambientalistas en la Costa oaxaqueña

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Diana Manzo

Oaxaca, Oax.- A 14 meses del asesinato de los ambientalistas e integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) “Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz”, la organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por su siglas en inglés) determinó en su informe 2022, que la violencia institucional e impunidad priva en estos crímenes.

Los cinco activistas defendieron su territorio contra la instalación del Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde”, de la empresa Generación Enersi S.A de C.V. en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, en Oaxaca y también del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que afectaría a los lugareños de cuatro comunidades indígenas chinantecas de la zona (Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés y Paso de la Reyna”.

Fundada hace 2 años, en plena pandemia, el IPRI, es una Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización contra los Pueblos Indígenas, la cual encabeza, Victoria Tauli-Corpuz, ex relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Este organismo internacional reveló que en dos meses, los miembros de un movimiento pacífico de conservación que data de hace 14 años fueron exterminados.

El informe internacional señala que, hasta la fecha, las investigaciones estatales sobre los casos no han sido concluyentes, y todos las discusiones formales han sido detenidas por el Estado con la razón dada de que esto es solo una medida preventiva.

Además expresó que de acuerdo a las investigaciones se determinó que, la policía estatal ha venido a la comunidad solo esporádicamente, alegando la falta de personal y dinero para llevar a cabo sus vigilancias de seguridad.

El IPRI reiteró que respecto a México a través de la Abogada Yaqui, Anabel Carlón, externó que, la situación de los pueblos indígenas es cada vez más alarmante, por la alta conflictividad que existe, por la presencia de grupos de poder y la delincuencia organizada.

El informe reconoce que el racismo y la discriminación estructural se debe abordar desde la raíz, y es urgente que la comunidad internacional haga algo.

Cabe mencionar que la Copudever desde su creación cuenta con el acompañamiento de Educa (Servicios para una Educación Alternativa A.C.) quienes en reiteradas ocasiones han denunciado la falta de justicia por el asesinato de los ambientalistas, pero lo más lamentable, es la falta de visibilidad de parte de las autoridades de escuchar a las victimas indirectas, qué como muchas, viven en la zozobra, miedo y desplazamiento forzado para evitar ser asesinados.

La comunidad de Paso de la Reyna, de donde son originarios los cinco ambientalistas, considera que el Estado de Oaxaca no les protege lo suficiente y demanda la intervención del gobierno central de México.

A más de un año, el miedo continúa. Las personas ya no se atreven a salir de sus casas y viven atemorizadas por la posibilidad de nuevos ataques.