Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El consejero presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo), Esteban López José, amenazó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con promoverle una controversia constitucional si defendía a tres trabajadoras que fueron despedidas por negarse a encubrir presuntos actos de corrupción.
Pese a que trabajadoras de la Cotaipo contaban con medidas cautelares emitidas por la Defensoría, López José no solo dio despidió a las trabajadoras inconformes sino que al momento de la rescisión laboral se les notifica que el argumento es por “la falta de probidad y honradez”.
Lo preocupante del caso es que la Defensoría guardó silencio ante estas atropellos cometidos en la Cotaipo, un órgano autónomo que se ha caracterizado por su opacidad, conflictos internos, deficiencias y violación a los derechos humanos.
Por todas estas irregularidades, el pasado seis de marzo, el Pleno de la LXII Legislatura local aprobó analizar una eventual auditoría a la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo).
La diputada del PRI, Martha Alicia Escamilla León, exhortó a la Auditoría Superior del Estado realice a la brevedad una revisión al uso de los recursos de ese órgano de transparencia porque su autonomía no implica que sea ajeno a la fiscalización.
Y es que “con los conflictos y deficiencias que actualmente se presentan en la Cotaipo, se violan derechos humanos al no haber una garantía efectiva de ese derecho, por lo que, es fundamental, realizar una revisión minuciosa en cuanto a su desempeño”.
Su petición está soportada en que la Cotaipo ha sido acusa de un presunto desvío de 66 millones de pesos de los presupuestos 2013 y 2014, de enfrentar una queja por incurrir en presuntas violaciones de derechos humanos y de existir una solicitud de juicio político contra la consejera, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, porque se niega a presentar su declaración patrimonial.
Así lo revelan un documento dirigido a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local y fechado el 11 de julio de 2014, donde el propio contralor interno de la Cotaipo, Oliverio Suárez Gómez, hace del conocimiento que la Consejera se niega a cumplir la ley al oponerse a entregar su declaración patrimonial.
Según el expediente C.A./001/2014, el contralor interno recurrió al Congreso local ante la omisión de la actual coordinadora jurídica de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, para presentar su declaración patrimonial.
Razón por la cual, el contralor interno de la Cotaipo solicitó al Congreso de Estado inicie el “juicio de responsabilidad política y el requerimiento de la obligación omitida o la investigación de la servidora pública Gema Sehyla Ramírez Ricárdez”.
Otras irregularidades que se han detectado son que se presume la contratación de Outsorcing y servicios no prestados, la inexistencia de una supuesta plataforma tecnológica de punta para soportar el sistema electrónico de acceso a la información pública de Oaxaca, ya que actualmente el sistema que garantiza el derecho de acceso a la información en la entidad se soporta en una conexión a internet residencial.
De igual forma, el pasado 4 de julio tres empleadas de la Cotaipo presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO) en contra del titular del organismo, Esteban López José, por violencia, intimidación, discriminación por razones de género y acoso laboral, según consta en el expediente DDHPO/CA/0751(01)/OAX/2014.
Finalmente, el pasado 7 de abril, Esteban López José, envió un oficio retador y amenazante a la Defensoría donde le dice que esta legalmente impedida para conocer el asunto de las despedidas, que ha pasado por algo disposiciones legales y que de seguir interviniendo violaría el orden constitucional.
Pero al final amenaza: “esta comisión promovea controversia constitucional por considerar invadidas sus funciones y sus actos de autoridad por pate de esa defensoría, lo que será promovido ante el Tribunal Superior de Justicia a efecto de que sean respetados los actos de autoridad de esta comisión (…)”.
