La nueva edición del “Operativo Pescador” en la Central de Abastos no solo exhibió el tamaño del aparato policiaco y militar del gobierno de Oaxaca; también mostró que la estrategia vuelve a colocar como objetivo visible a personas en situación de calle y con problemas de adicción.
‘Operativo Pescador’ en la Central de Abastos: despliegan 481 militares y policías para detener a personas en situación de calle
El gabinete de seguridad presentó la intervención como protección a comerciantes y compradores, pero sus propios resultados reabren el debate sobre redadas de control social, criminalización de la pobreza y ausencia de una política real de salud pública.
La nueva edición del “Operativo Pescador” en la Central de Abastos no solo exhibió el tamaño del aparato policiaco y militar del gobierno de Oaxaca; también mostró que la estrategia vuelve a colocar como objetivo visible a personas en situación de calle y con problemas de adicción.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Vial del Estado, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, y la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez desplegaron este sábado 481 elementos, 74 unidades, 25 motopatrullas, seis drones, dos autobuses, una ambulancia y un vehículo táctico Kodiak en la zona comercial más grande de la capital.
Las autoridades presentaron la acción como una medida para proteger a comerciantes y compradores. Sin embargo, entre los resultados reportados por las propias corporaciones aparece la detención y traslado de personas en situación de calle y con problemas de adicción, lo que transforma el operativo en una redada de control social más que en una investigación dirigida contra delitos de alto impacto.
El dato no es menor: desde mayo de 2025, el gobierno estatal ha desplegado al menos cuatro ediciones del “Operativo Pescador” en la Central de Abastos. En las primeras intervenciones de mayo y julio de ese año se movilizaron más de mil elementos y se concentró a más de 400 personas sin hogar o con consumo problemático de sustancias.
Un operativo de guerra para una crisis de salud pública
El problema de fondo no es si la Central de Abastos requiere seguridad. La pregunta es por qué una crisis de sinhogarismo, consumo problemático y abandono social se atiende con militares, drones, autobuses de traslado y vehículos tácticos.
Si el objetivo fuera desarticular bandas delictivas, la Fiscalía tendría que informar carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, armas aseguradas, redes de extorsión o personas vinculadas a proceso. Pero si el indicador de “éxito” es vaciar pasillos mediante la fuerza, la política pública se acerca peligrosamente a la limpieza social.
La Central, territorio económico bajo presión
La Central de Abastos es el punto neurálgico del comercio popular en Oaxaca. Por sus pasillos transitan diariamente entre 80 mil y 100 mil personas, y se calcula una circulación económica de alrededor de 35 millones de pesos al día.
Ese peso económico explica por qué la zona se ha convertido en escenario de disputas por seguridad, comercio, movilidad, extorsión, control territorial y uso del espacio público. Pero también obliga a distinguir entre una estrategia criminal real y la exposición de población vulnerable como trofeo estadístico.
El despliegue en imágenes
Las capturas del operativo permiten dimensionar el aparato de fuerza utilizado en la Central de Abastos. Cada imagen puede abrirse completa para revisar detalles sin el recorte del tema.
Galería: capturas difundidas sobre el despliegue del Operativo Pescador. Se omitió una URL repetida para evitar duplicar imagen.
La Defensoría debe aclarar si supervisó los traslados
La Fiscalía ha sostenido en ediciones anteriores que las personas retiradas fueron canalizadas a centros de salud bajo supervisión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esa afirmación requiere verificación independiente.
La DDHPO debe informar si tuvo visitadores en el lugar, si documentó consentimiento informado, si abrió expedientes por posibles detenciones arbitrarias y si conoce el paradero actual de las personas trasladadas desde los operativos de 2025.
El discurso oficial y los resultados penales
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla ha sostenido que la intervención en la Central de Abastos no es una acción aislada, sino una estrategia permanente frente a una de las zonas más peligrosas de la capital oaxaqueña.
Pero la peligrosidad del territorio no justifica convertir a las personas sin hogar o con adicciones en objetivo operativo. El estándar democrático exige que la autoridad distinga entre quienes requieren atención médica, social y comunitaria, y quienes enfrentan señalamientos penales con pruebas suficientes.
Narrativa oficial
Protección a comerciantes y compradores, presencia disuasiva, recuperación de espacios y canalización de personas vulnerables.
Pregunta pública
¿Hubo delitos investigados, órdenes judiciales y atención médica consentida, o solo detenciones y traslados masivos para limpiar visualmente la zona?
Cómo detectar la ‘cortina de humo estadística’ en seguridad
Los boletines de fiscalías y gabinetes de seguridad suelen abrir con grandes números: elementos, patrullas, drones, vehículos tácticos, autobuses y ambulancias. Esa numeralia busca producir una sensación inmediata de eficacia institucional.
- Compara el despliegue con el objetivo: usar equipo militarizado contra personas vulnerables revela falta de política social y de inteligencia criminal.
- Pregunta por resultados judiciales: personas “canalizadas”, “retenidas” o “retiradas” no equivalen a personas vinculadas a proceso por delitos comprobados.
- Busca supervisión independiente: una autoridad no puede validarse a sí misma. La DDHPO debe documentar traslados, consentimiento y condiciones de atención.
- Revisa qué no dice el boletín: si no informa carpetas, víctimas, mandamientos judiciales o reparación del daño, puede tratarse de propaganda operativa.
Desconfiar de la numerofilia gubernamental es una forma básica de auditar la justicia. Un operativo grande no es necesariamente un operativo eficaz.
¿Seguridad para quién?
Pagina3.mx abre este espacio a comerciantes, cargadores, vecinas, organizaciones civiles y familias de personas en situación de calle: ¿qué ocurrió durante los traslados?, ¿hubo uso de fuerza?, ¿se informó a dónde serían llevadas las personas?, ¿hay constancias médicas o jurídicas?
La discusión pública no debe reducirse a estar a favor o en contra de la seguridad. La pregunta es si el Estado está protegiendo derechos o si está retirando de la vista a quienes evidencian pobreza, abandono institucional y consumo problemático sin atención suficiente.
¿A dónde se llevan a las personas trasladadas?
La línea de investigación inmediata es verificar el paradero de las personas detenidas o canalizadas. Si la Fiscalía afirma que fueron llevadas a centros de salud, debe informar nombres de instituciones, número de ingresos, consentimiento informado, duración de la atención y mecanismos de egreso.
Si no existen suficientes centros públicos de rehabilitación y atención mental en Oaxaca, la pregunta se vuelve más grave: ¿están siendo recluidas en anexos privados, trasladadas a periferias o simplemente expulsadas de la zona comercial?
