CUICATLÁN.- Dulce María Vázquez Martínez de 15 años de edad y estudiante de la Escuela Telesecundaria de San Andrés Teotilálpam fue abusada sexualmente y asesinada cuando se dirigía a su domicilio.
De acuerdo con familiares de la menor de edad, el crimen ocurrió el pasado jueves 28 de mayo. La adolescente permanecía toda la semana en el Albergue Escolar «Niños Héroes» ubicado en el centro de Teotilálpam, municipio de la sierra cuicateca.
El jueves, Dulce María Vázquez salió del albergue con destino a su casa ubicada en la localidad de Lucrecia de Matamoros. Sin embargo, no llegó a su domicilio esa misma noche.
Los profesores se enteraron que la estudiante no había llegado a su vivienda por lo que junto a los familiares dieron parte a las autoridades municipales para iniciar una búsqueda el viernes 29.
Fue hasta la tarde cuando una cuadrilla de pobladores encontró el cuerpo sin vida de la alumna de Telesecundaria entre matorrales, a aproximadamente unos 30 metros del camino de terracería que conduce de Teotilálpam a Lucrecia de Matamoros, su comunidad natal.
Con diversas lesiones en el rostro, los pobladores y autoridades municipales se concentraron en el paraje del hallazgo, denominado Loma Zacatal.
El crimen conmocionó a toda la comunidad de este poblado cuicateco, quienes se organizaron de inmediato para buscar por sus propios medios pistas que llevaran al paradero de él o los responsables.
La madrugada del 30 de mayo, llegó al lugar el agente del Ministerio Público adscrito a San Juan Bautista Tuxtepec acompañado de un médico forense para iniciar las primeras diligencias.
Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes le dieron sepultura el mismo sábado. Los padres de la adolescente asesinada, Víctor Vázquez Gómez y Aurora Martínez, pidieron el apoyo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el esclarecimiento de este feminicidio.
Pues aseguraron que a cinco días del horrendo asesinato desconocen los avances de la investigación toda vez que al vivir en condiciones de pobreza no pueden pagar para que un abogado los ayude a dar seguimiento al caso.
