Luciana Audiffred
Oaxaca enfrenta una crisis de violencia de género que, lejos de disminuir, se ha intensificado en los últimos dos años. Desde la llegada de Salomón Jara Cruz a la gubernatura, el 1 de diciembre de 2022, hasta el 14 de febrero de 2025, se han registrado 233 feminicidios en la entidad. A esta alarmante cifra se suman las 805 mujeres reportadas como desaparecidas, de acuerdo con datos de la Plataforma de Violencia Feminicida (PVF) de Consorcio Oaxaca.
La promesa de una transformación política y social, que se autodenominó la «Primavera Oaxaqueña», contrasta con la realidad que viven las mujeres en el estado. A pesar del discurso oficialista sobre justicia e igualdad, los números reflejan un escenario de impunidad y omisión gubernamental.
El análisis por año muestra una tendencia alarmante: en diciembre de 2022, primer mes de gobierno de Jara Cruz, se registraron 13 feminicidios. Para 2023, la cifra ascendió a 100, en 2024 aumentó a 101 y, en lo que va de 2025, ya se han documentado 9 casos más.
Las desapariciones también han ido en aumento, dejando en el limbo a cientos de familias que buscan respuestas y justicia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado la ineficacia de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de las mujeres y brindar justicia a las víctimas y sus familias.
«En el gobierno de Salomón Jara no hay justicia ni verdad para las mujeres», denuncian colectivos feministas, quienes señalan la falta de acciones contundentes para frenar la ola de violencia que azota a Oaxaca.
Ante este panorama, la exigencia de justicia se mantiene firme. Las organizaciones y activistas reiteran la urgencia de una política pública integral y eficaz que no solo atienda la violencia feminicida, sino que prevenga estos crímenes y garantice la vida de las mujeres en Oaxaca. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo?
