Este 16 de febrero se cumplen 20 años de que el gobierno mexicano firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) una serie de acuerdos que sentaban las bases para el reconocimiento de la autonomía indígena.
Sin embargo, como ya ha sido ampliamente documentado, estos acuerdos fueron traicionados por una Ley de Derecho y Cultura Indígena limitada, conocida como la ley Barlett-Cevallos en honor a sus principales promotores.
Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena fueron el producto de un ejercicio democrático sin precedente en la historia política de México, pues la comandancia zapatista convocó a representantes de la sociedad civil a participar en cinco mesas de trabajo en las que se discutieron los términos de dichos acuerdos bajo los temas de derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación en Chiapas y derechos de la mujer en Chiapas.
La propuesta inicial fue modificada con base en argumentos sobre los peligros desintegradores de la autonomía, y sobre la inseguridad que representaba para la propiedad privada y la inversión económica, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al uso colectivo de sus tierras y recursos naturales.
En estas dos décadas hemos sido testigos de una nueva embestida del capital que se apropia de los territorios y recursos de los pueblos originarios a través de estrategias neocoloniales que criminalizan a los jóvenes pobres que participan en movimientos sociales y que utilizan la violencia sexual como estrategia represiva en los procesos de desposesión.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/opinion/019a2pol
