El primero de diciembre de 2012 fuimos testigos de uno de los momentos más evidentes en cuanto a retrocesos en materia del derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
Cientos de personas vieron afectados sus derechos en el antes DF por la represión que padecieron de agrupaciones policiacas federales y locales.
Tres ministros de la SCJN votaron contra el proyecto que sostenía la constitucionalidad de dicho delito, y ahora se deberá realizar una nueva propuesta.
Ahora uno de los casos de las personas detenidas arbitrariamente entonces llegó hasta el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para nuestra fortuna, el máximo tribunal del país dio inicio en semanas pasadas al proceso judicial para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública en esta ciudad.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/opinion/015a1pol
