Santiago Álvarez Campero (@sacampero)
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización sindical que representa a cientos de miles de maestras y maestros de escuelas públicas principalmente en los estados más pobres del país: Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Se trata de trabajadores de la educación, de trabajadores al servicio del Estado. Su patrón es el mismo que ordenó abrir fuego contra ellos con violencia homicida. Este conflicto va mucho más allá de la reforma educativa, pero no deja de ser un conflicto laboral.
Para entender lo que está pasando actualmente es útil inscribirlo en el contexto político, económico y social más amplio del sindicalismo mexicano. La historia mínima del movimiento obrero mexicano es más o menos como sigue.
Los obreros participaron en la Revolución mexicana al lado de distintas fracciones revolucionarias, sobre todo al lado de Carranza. Su lucha fue recompensada con la promulgación del artículo 123 constitucional que en su momento marcó la vanguardia internacional: una aportación revolucionaria de México a América Latina y al resto del mundo. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se formó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que quedó integrada formal, orgánicamente al partido de la revolución, luego PRI. Aquí están los cimientos del corporativismo mexicano.
Poco después, en los años cuarenta y cincuenta, este sistema de representación de intereses se consolidó a través del estricto control de la dirigencias sindicales por parte del presidente. Son los años del charrismo sindical, de imponer líderes afines al gobierno, y de mandar al ejército a detener a los rebeldes ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo. Fueron los años de la industrialización por sustitución de importaciones, del desarrollo estabilizador, del Seguro Social y de las clases medias. Luego vinieron los años setenta, marcados por la emergencia de corrientes insurgentes que desafiaron a las dirigencias corporativas; no obstante, la victoria del sindicalismo independiente muchas veces no llegó para quedarse. Luego vino el doloroso ajuste neoliberal de los ochenta y noventa. Tras un primer momento de ajuste y tensión, las relaciones corporativas se adaptaron al nuevo modelo económico y de hecho se volvieron altamente compatibles con éste.
El control del Estado sobre los sindicatos permitió, entre otras cosas, privatizar empresas públicas (principales bastiones del sindicalismo) y congelar el salario real a través de fijar el salario mínimo por debajo de la inflación. Mientras todo esto sucedía, avanzaba la democratización del sistema político mexicano, que tuvo efectos ambiguos y poco generalizados sobre el sindicalismo mexicano. Algunos sindicatos se adaptaron perfecto a la competencia electoral y ganaron muchísima autonomía y poder, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Elba Esther Gordillo. Sin embargo, el PAN de Vicente Fox decidió entenderse con los grandes sindicatos oficiales y mantener intactas las regulaciones sindicales del pasado autoritario, creadas por el PRI y aprovechadas (incluso perfeccionadas, dicen algunos) por el PAN. La democracia no ha llegado al mundo sindical. He aquí un importante problema nacional.
El corporativismo estatal es un sistema de representación de intereses que se basa en la coacción y en el intercambio. El Estado controla las dirigencias y las demandas sindicales: da selectivamente el reconocimiento oficial, jurídico (la toma de nota); autoriza las huelgas y administra la justicia laboral; se hace de la vista gorda cuando hace falta, cuando le conviene. El corporativismo busca subordinar políticamente al movimiento obrero, si bien también implica dar enorme poder a las dirigencias sindicales charras al facilitarles el control sobre las bases, con quienes desarrollan una relación vertical y clientelista.
Los líderes sindicales reciben prerrogativas, puestos de elección popular, beneficios para sus trabajadores representados. Muy fuertes y restrictivas son las cláusulas de exclusión, que obligan a todo asalariado a unirse al sindicato para ser contratado y obligan a la empresa a despedir al trabajador que el sindicato expulse; sólo un sindicato puede ser titular del Contrato Colectivo de Trabajo (de modo que sindicatos espurios, pero reconocidos legalmente, son muy difíciles de superar); todo sindicalizado paga una cuota sindical deducida directamente de su sueldo; el sindicato comúnmente provee a sus agremiados de deportivos y espacios de recreación familiar; suele asegurarles generosas pensiones. La dirigencia sindical oficialista no responde a sus representados, sino a quien lo puso ahí, al Estado. Si los sindicatos no son democráticos, en gran medida es porque el Estado no quiere.
¿Y por qué no quiere? Porque un sindicato subordinado es muy útil, sea para movilizarlo para que apoye alguna medida gubernamental o para que ni se le ocurra protestar. ¿Qué hace sobrevivir al corporativismo en tiempos neoliberales? Sucede que los intereses estratégicos de los actores políticos y económicos alcanzaron un equilibrio político estable que Graciela Bensusán ha llamado “flexibilidad corporativa”: control político para el gobierno, menores costos laborales para los patrones, seguridad para los dirigentes sindicales, precariedad para les trabajadores. Los grandes sindicatos oficiales se han convertido en sindicatos de protección patronal, los cuales tienen origen en una corrupción inaceptable: son aliados con el patrón para evitar las huelgas, aumentar la productividad, impulsar las utilidades empresariales, mientras que los salarios permanecen bajísimos. Todo esto “sirve” para atraer inversiones en una carrera internacional hacia la miseria. He aquí un aspecto central de la economía política del modelo de desarrollo que lleva casi tres décadas en pie y cuyos magros resultados están a la vista de quien quiera verlos. Es la explotación del humano por el humano en pleno siglo XXI.
Muchísimas políticas públicas y regulaciones económicas están dispuestas para alentar la acumulación de capital, la concentración del ingreso. Se ha vuelto parte del sentido común neoliberal pensar que lo que es bueno para los empresarios es bueno al país, porque –se espera– enriquecerlos va a permitirles invertir, crear fuentes de empleos bien pagados; es decir, habrá un goteo de bienestar de arriba abajo, que no ha sucedido y no se ve para cuándo. A su vez, en estos tiempos neoliberales es bastante generalizado “el menosprecio apenas disimulado, la casi hostilidad hacia los grupos menos favorecidos: obreros, trabajadores informales, desempleados, migrantes, sobre todo cuando demandan alguna clase de protección o beneficio”, como dice Fernando Escalante.
Por suerte también tenemos al sindicalismo independiente, muchísimo menos extendido, pero fortalecido por su propia independencia, por no depender del Estado sino de sus bases. El sindicalismo independiente se preocupa antes por los legítimos intereses de sus trabajadores que por los de nadie más. Y está bien, porque los sindicatos justo para eso son: para ser instrumento de organización de los trabajadores que reduzcan la asimetría de poder frente al patrón, sea público o privado. Ser independiente no significa ser radical. Por ejemplo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dirigido por Francisco Hernández Juárez, participó y colaboró exitosamente en la privatización de Telmex; aseguró buenas condiciones laborales a les agremiades y no ha impedido que Carlos Slim sea el hombre más rico de nuestro país. El STRM encabeza junto con el STUNAM y la APSA (pilotos aviadores) la principal confederación obrera independiente: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), creada en 1997, año en que el PRI perdió por vez primera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y falleció Fidel Velázquez, secretario general de la CTM desde 1950.
En los tres sexenios desde la alternancia del año 2000, las tres administraciones han tenido un sindicato independiente enemigo al que atacan y golpean.
Vicente Fox se lanzó contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (en adelante, Sindicato Minero) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. Muchos se acordarán de las órdenes de aprehensión por las presuntas corruptelas que nunca le comprobaron, pero más importantes (e irritantes para los negocios) fueron las numerosas huelgas que emprendió para exigir y conseguir mayores salarios en un momento el que los precios internacionales de los minerales eran altísimos y los empresarios (de los más ricos de México) estaban recibiendo ganancias enormes. Como apunta Francisco Zapata, las huelgas mineras abrieron una situación inédita en el corporativismo mexicano, porque recibieron el respaldo temporal de varios sindicatos oficiales en defensa de su autonomía y el gobierno tuvo que recular.
Gómez Urrutia es un líder con legitimidad indiscutible ante los agremiados y continúa en el exilio político en Vancouver, Canadá. Las autoridades de allá no lo persiguen, sino que incluso ha participado públicamente en importantes eventos sindicales en Atlanta, Estados Unidos. El Sindicato Minero es un sindicato que defiende exitosamente los intereses laborales de les trabajadores de una de las actividades más prósperas del país. Caso muy distinto es el de buena parte de las empresas de manufactura automovilística de exportación, que son súper boyantes económicamente pero cuyos trabajadores reciben salarios bajos, muy por debajo de su productividad, debido a sus sindicatos oficialistas, aliados al partido gobernante y subordinados a su estrategia económica.
El enemigo de Felipe Calderón fue el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El gobierno federal dio un combate que ejemplifica bien los mecanismos de control del Estado sobre los sindicatos: negó la toma de nota para limitar a Martín Esparza, un dirigente democráticamente electo –por voto directo y secreto–, y luego la condicionó para negociar el regreso de prerrogativas sindicales (como manejar finanzas millonarias); dividió e intentó desmovilizar al sindicato mediante incentivos selectivos como ofrecer dadivosas indemnizaciones o la recontratación a algunos electricistas que dieran por terminado el asunto; contó con la fuerza pública lista para tomar las instalaciones de trabajo antes del decreto (mientras la selección mexicana jugaba en el Estadio Azteca), y tuvo la capacidad y los medios para desacreditar al sindicato mediante una intensa campaña de propaganda en los medios de comunicación masiva.
En términos estratégicos, fue una movida maestra, una victoria gubernamental absoluta que no mató a nadie por sí misma. También fue dejar sin empleo a más de 40 mil electricistas en un momento de alto desempleo por la crisis internacional de 2008-2009. Electricistas que no tenían nada que ver con los problemas financieros de Luz y Fuerza del Centro, empresa pública que compraba a la CFE la electricidad a un precio más alto que el que estaba autorizada para venderla. Trabajadores cuyo contrato colectivo negociado por el SME les brindaba buenas condiciones laborales, si bien era similar al de los electricistas de la CFE, organizados en el SUTERM, oficialista pero poderoso.
El sindicato independiente adversario del presidente Enrique Peña Nieto es la CNTE –el magisterio disidente–, que es también su principal oposición, más que cualquier otro partido político. A principios de su gobierno, Peña Nieto encarceló a Elba Esther Gordillo –y todo México lo celebró– con el fin de controlar la dirigencia a la vieja usanza corporativa priista (sí, como Salinas a la Quina, líder petrolero, quien había apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cómo se atrevió); disciplinar al SNTE (demasiado empoderado por el panismo) y pavimentar la reforma educativa que vendría poco después y que formaba parte del Pacto por México, ese acuerdo cupular y partidocrático que no se consultó con prácticamente nadie. Si el SNTE fuera independiente, con su millón de maestras y maestros letrados y bien organizados en cada rincón del país, otro gallo cantaría. Estaríamos discutiendo sobre otra cosa, porque desde el principio se habría negociado con el magisterio cualquier reforma educativa.
De la reforma educativa sólo diré que se caracteriza por ser una reforma laboral que modifica las condiciones de contratación, promoción y despido de los trabajadores de la educación, es decir, afecta directamente intereses obreros y es plenamente legítimo que las y los maestros no estén de acuerdo y esto no quiere decir que no les interese el futuro de la educación del país. Tener maestros con buen nivel, evaluados y capacitados, parece muy buena idea, casi evidente en sí misma, pero tenemos que escuchar todos los puntos de vista y analizar las diferentes aristas y complejidades del rezago educativo (véase, por ejemplo, aquí y acá las fuertes críticas a la reforma de dos académicos) y deliberar qué camino es el mejor para alcanzar el objetivo común, que es mejorar la educación de la infancia mexicana.
Nota completa: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/06/29/en-defensa-de-la-cnte-y-del-sindicalismo-independiente/
