Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) viola acuerdos con el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad al entregar el palacio municipal al edil de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel Miguel “sin haber efectuado las diligencias respectivas”.
Esta situación generó tensión en la comunidad mixteca y motivo a que maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y del Comité de Víctimas bloquearan hoy la carretera México-Oaxaca, en inmediaciones de Nochixtlán donde el pasado 19 de junio se registró un desalojo con un saldo de ocho muertos y mas de 100 heridos.
La presidenta del Comité de Víctimas, Juana Ramón Solís, y el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, responsabilizaron al delegado de la PGR en Oaxaca, Javier Martin Villanueva Hernández, de cualquier acto de criminalización de la protesta social en contra de la víctimas del 19 de junio de 2016.
Y es que el delegado de la PGR, Javier Martin Villanueva Hernández, amenazó a las víctimas del 19 de junio de que les integraría un legajo de investigación si se oponían a la entrega del inmueble.
Santiago Reyes resaltó que el delegado “ha tenido una postura de amenazas e intransigencias, muestra de ello es la entrega del palacio municipal que generó tensión entre gente afín al presidente municipal y del comité de víctimas”.
Denunciaron que este 11 de enero, aproximadamente a las 09:00 horas, personal de la PGR entre ellos un gran número de policías federales ministeriales vestidos de civiles, llegaron al palacio municipal de Asunción Nochixtlán, para hacer entrega del inmueble al presidente municipal Rubén Alcides Miguel Miguel.
Esta situación estuvo a punto de provocar una confrontación de policías de la PGR con habitantes y víctimas del 19 de Junio de Asunción Nochixtlán, violándose de esta forma el acuerdo efectuado entre el Comité de víctimas y el Procurador General de la Republica, Raúl Cervantes Andrade, el pasado 18 de diciembre de 2016.
En esa fecha, mencionaron, se acordó que la PGR efectuaría en común acuerdo con las victimas las diligencias respectivas, con peritos y personal especializado.
Sin embargo, “los hechos del día de hoy violentan los acuerdos de efectuar una investigación eficaz y se victimiza nuevamente a las víctimas, ya que no se está cumpliendo con el acuerdo de efectuar una investigación donde participarían las víctimas que por derecho les corresponde”.
El 19 de junio de 2016, en el tramo carretero Nochixtlán-Oaxaca, la policía Federal ingreso a ese tramo para reprimir a manifestantes haciendo uso desmedido de la fuerza sin cumplir con ningún protocolo que se requiere para tal, usando armas de grueso calibre, gases lacrimógenos, lanzando bombas de gases y disparando desde los helicópteros, a la población civil que se encontraba manifestándose.
Como resultado de ese fallido operativo fueron asesinados Omar González Santiago, de 22 años de edad; Anselmo Cruz Aquino, de 33; Yalid Jiménez Santiago, de 29 años; Oscar Nicolás Santiago, de 22; Oscar Luna Aguilar, de 23; Antonio Pérez García, de 15; Jesús Cadena Sánchez, de 19 y Silvano Sosa Chávez.
Según información recabada por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la policía federal y estatal lanzaron gases lacrimógenos al Hospital Básico Comunitario de Asunción Nochixtlán donde se encontraban los heridos, con el objeto de poder llevárselos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de recién nacidos que se encontraban al interior del hospital
Así mismo, después del repliegue realizado por policías federales en el tramo ya mencionado, siguieron avanzando replegando aproximadamente a las cinco de la tarde en la entrada de la ciudad de Oaxaca, conocido como Hacienda Blanca, en la cual nuevamente realizaron detenciones arbitrarias y se registró la muerte de Jovan Asarel Galán Mendoza. El Comité y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas exigieron el cumplimiento a los acuerdos efectuados con el procurador general de la republica de efectuar una investigación eficaz respetando el debido proceso legal y el derecho de las víctimas conforme lo establece el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
