Los acusados son funcionarios y periodistas que buscaban dar a conocer al público violaciones de libertades civiles y abusos de derechos humanos por las autoridades.
Violencia armada: unos 88 ciudadanos mueren en promedio cada día por armas de fuego, algo que Amnistía Internacional considera crisis de derechos humanos y que afecta a decenas de miles anualmente.
Disidentes: varios presos políticos permanecen encarcelados, mientras otros son o han sido obligados a buscar refugio político en otros países.
Cada año se ofrece documentación de abusos fiscos y uso de fuerza indebida por las autoridades contra ciudadanos.
Tortura: el gobierno ha rehusado investigar y fiscalizar a funcionarios y oficiales que usaron técnicas de tortura prohibidas por el derecho internacional y las leyes nacionales.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/21/opinion/020o1mun
