No sería aventurado pronosticar que el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala pasará a formar parte de los expedientes irresolubles.
El Estado mexicano aceptó la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más como un recurso para contener la indignación nacional e internacional que para llegar al fondo del asunto.
No es concebible que el gobierno de la República no pudiera resolverlo; en realidad, permitir la operación del GIEI tuvo como finalidad calmar los ánimos, lo cual se logró y dio margen de maniobra.
La percepción sobre esta tragedia es que un grupo de organizaciones sociales y los padres de los 43 pugnan por el descubrimiento de la verdad y el castigo a los culpables, en tanto el sector gubernamental va con todo por que no se logre.
La verdad histórica a la que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) al dictaminar que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, era la solución ideal para dejar todo como estaba; así quedaría resuelto el caso, toda vez que los presuntos culpables, los más de 100 que confesaron, ya están presos y no quedaba más que seguir el proceso jurídico.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/08/opinion/031o1est
