Si esto fuera así, habría entonces en México actores sociales que desde diversas trincheras vinculadas al poder se dedican a desacreditar a quienes exhiben los abusos de las autoridades.
El mutismo e inacción del gobierno federal ante lo que parece ser una campaña orquestada en algunos medios contra las instituciones, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolos como defensores de delincuentes que de manera interesada dejan inermes a las víctimas, calumniándolos sin pruebas como mercenarios de los derechos humanos que lucran con las reparaciones de las víctimas, causa fuerte sospecha y honda preocupación.
“Descalificar la actuación de los defensores civiles de derechos humanos –subrayó–, así como a los organismos e instancias nacionales e internacionales, además de que no contribuye a la solución de los problemas, distrae la atención de donde debería estar, que es la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo, y lo haga conforme a derecho, respetando la dignidad de las personas”.
Parecería en efecto una estrategia política para inhibir y debilitar las voces críticas en el país, pues coincide con las reacciones oficiales descalificadoras de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, los denuestos en contra de algunos de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la renuencia a recibir al relator especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Sin embargo, con ello el Estado no solamente incumple sus obligaciones legales nacionales e internacionales de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y proteger a las y los defensores contra terceros, pues los derechos humanos no solamente se violan por acción, sino también por omisión y aquiescencia, distrayendo con ello, como expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 15 de marzo, la atención de donde debería estar.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/opinion/015a2pol
