Eduardo Contreras
La administración del “Renacimiento” en San Juan Bautista Tuxtepec, guardó silencio al detectar prácticas en los denominados giros negros, donde dueños permitieron laborar a menores de edad e indocumentadas, no dio parte a las autoridades competentes de atender este tema.
El mismo Médico municipal del Honorable Ayuntamiento, David Ascanio Cortés confirmó comentarios sobre la presencia de personas ilegales en el país y menores de edad que laboran en centros nocturnos, bares o cantinas de la ciudad.
Reconoció que en este año hubo propietarios que contrataron a chicas menores de edad y registraron casos en el primer año de gobierno donde había indocumentadas que laboraban en este tipo de comercios.
“Fueron en unos tres lugares, donde se reportaron unas seis menores de edad que trabajaban y se tuvieron como tres casos de mujeres indocumentadas”, confirmó.
En el caso de las indocumentadas –dijo- el tema era que tuvieran sus permisos de migración para no incurrir en darles un tarjetón médico a una persona que tal vez tuviera algún tema penal en su país, por eso se necesitaba un permiso de migración que estuviera en regla.
En ambos casos, afirmó, lo que pasó es que se retiraron a las muchachas del establecimiento y se les levantó un “ofició” a los dueños de establecimientos, bajo el alegado de que era una cuestión meramente ilegal y tenían riesgos, de volver a reincidir, dar cese al establecimiento.
Cuestionado sobre si dieron parte a autoridades competentes al tratarse de posible explotación laboral o de trata, el funcionario respondió que no, que la acción fue un tema más administrativo, “lo que se levantó fue un reporte por parte de los inspectores donde firmaron el director del área y un servidor como médico, de ahí en fuera sólo quedó como antecedente, porque no se pudo comprobar en ese momento un delito”.
De acuerdo con el médico, en ese momento la mayoría de los propietarios tal vez no sabían que eran menores de edad o no sabían que eran indocumentadas, y omitieron la tarea de pedir su tarjetón médico y así las aceptaron para trabajar.
Pero de acuerdo a juristas en Derecho Municipal, si bien el Ayuntamiento no era competente para cerrar un local o sancionar al detectar este tipo de situaciones, tenía la responsabilidad, al ser el primer nivel de autoridad, de notificar estos hechos a las autoridades federales y no lo hizo.
No era justificación decir que “quizá” los propietarios desconocían del tema, de modo que cometió el delito de comisión por omisión al no informar sobre esta situación a las autoridades competentes.
