Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió a los tres órdenes de gobierno un alto definitivo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) parar la disrupción, establecer la legalidad, el orden y la paz pública.
A través del presidente de ese organismo de la Iniciativa Privada, Juan Pablo Castañón Castañón, aclaró que nadie pide que se reprima la protesta, “sino que se respeten los derechos y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad”, afirmó.
El conflicto, dijo, genera afectaciones. Los problemas a la industria, comercio y servicios son ya nacionales.
Aseguró que las acciones de la CNTE ya cobraron factura al PIB. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte que además de las pérdidas por 4 mil 200 millones de pesos, se ha generado una afectación a la actividad productiva, que en mayo y junio se vio impactada por los bloqueos y saqueos, principalmente en el sureste del país.
“Ya basta: los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado”, lanzó.
De acuerdo con el dirigente del CCE, ha llegado a un punto inaceptable la disrupción en varias zonas del país de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines, que no son representativos de la mayoría de los maestros y que en muchos casos persiguen Intereses particulares.
Además, el hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable.
“Como nación, no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”, reprochó.
Castañón Castañón demandó a la CNTE deponer sus acciones y métodos que calificó como irresponsables, violentos y delictivos, “que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá de si hay o no legitimidad en éstas”.
A las instituciones del Estado mexicano y sus responsables, en los tres órdenes de gobierno, les exigió honrar su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.
Admitió que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.
Además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, señaló que el conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
En el turismo, refirió que en Oaxaca, más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir a las fiestas de la Guelaguetza cancelaron su viaje.
Las pérdidas de hoteleros en las costas de Oaxaca o en Chiapas son enormes; el daño a la imagen como destinos turísticos es incalculable, y por tanto es un daño a México, a la imagen como país, dijo.
Del mismo modo, se generan daños a pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas.
“Hay que decirlo: los derechos humanos son de todos y estos no se limitan al de la protesta; los reclamos no pueden ser justificación para coartar las demás garantías legales que todos tenemos –libre tránsito, trabajar cotidianamente, ir a la escuela, el esparcimiento y la convivencia entre los mexicanos–, para que se violente a las personas con esto y se dañe a las economías familiares.
Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía y una fractura social que a nadie beneficia y no lleva a ningún destino positivo”, asestó.
A juicio del dirigente del CEE, la sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva.
Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, “en una palabra, con impunidad. Si en aras de resolver un problema político se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales”.
Castañón Castañón aseguró que tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; por el contrario, la perpetua. “Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad.
En el diálogo entre el CNTE y el Gobierno Federal, admitió, se requiere apertura de ambas partes, pero también, y con urgencia, de plazos y límites precisos en la negociación.
«No involucrar los derechos de terceros, que no se negocie la ley y que haya transparencia ante la sociedad. No debe haber, de espaldas a la sociedad, concesiones ilegítimas o inviables en el tiempo”, exigió.
En torno a la reforma educativa, reconoció que pueden mejorarse aspectos técnicos y de implementación, pero los principios y objetivos, que cuentan con el aval del Constituyente Permanente, no pueden ser trastocados sólo en función de la visión particular y la presión agresiva de un grupo, importante pero no la única voz que merece y debe ser escuchada en el debate educativo en México.
Indicó que hay espacios abiertos para que la CNTE participe en el desarrollo del sistema educativo nacional, como el que se ha iniciado en torno el nuevo modelo educativo convocado por la SEP.
“Ya es hora de recuperar la paz, el respeto y la legalidad, es hora de actuar de todos, y desde el sector empresarial y la sociedad, así lo demandamos”, asentó.
