Pese a la negativa frontal del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, a que sus soldados sean entrevistados por los integrantes del GIEI –esos extranjeros ?, el grupo mantiene su petición, con una variable: que los interrogatorios los realice el Ministerio Público de la PGR, pero en presencia de ellos.
Denunciaron también que la PGR pretende posicionar en la opinión pública una quinta versión sobre los hechos, que plantea, ahora, que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (ante la inverosímil e indemostrable verdad histórica fabricada por el equipo del ex procurador Jesús Murillo Karam, compuesto por Tomás Zerón de Lucio, Mariana Benítez Tiburcio, Hugo Ruiz Reynaud y Abraham Eslava Arvizu).
El 21 de febrero, casi al borde de dejar a un lado el tacto diplomático propio de su misión como coadyuvante en el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció una serie de obstáculos, filtraciones ilegales y desvíos de información gubernamentales que ponen en riesgo el acceso a la verdad en torno a las seis ejecuciones sumarias y la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014.
El GIEI insistió en que los militares del 27 batallón del Ejército en Iguala que esa noche estuvieron en varias escenas de los crímenes son testigos privilegiados y cuentan con información que pocos o nadie más tiene, incluidas las fotografías y videograbaciones que realizaron algunos elementos, en particular, frente al Palacio de Justicia, donde varios estudiantes fueron detenidos y desaparecidos y sus últimas imágenes fueron captadas por un agente de inteligencia castrense que los expertos identificaron, en su informe, como EM.
Sometido a una intensa campaña de propaganda negra mediática orquestada por mandos militares y grupos de ultraderecha de Colombia, Guatemala y México, el GIEI denunció a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por deformar y falsear declaraciones de inculpados y filtrarlas a los medios masivos con propósitos diversionistas –lo que pone en riesgo el cuidado y la secrecía de la investigación– y fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso (al menos 12 averiguaciones abiertas por la Seido no se han integrado al expediente central), lo que provoca que el GIEI no tenga acceso completo a las pesquisas relacionadas con la desaparición de los normalistas, con la consiguiente dispersión de información y pérdida de datos e indicios relevantes.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/opinion/019a1pol
