La semana pasada la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, para suspender o restringir derechos y garantías constitucionales.
Esta crítica no es menor, dados los antecedentes conocidos de proclividad a la represión de actos políticos y sociales de protesta.
Parecen hechos inconexos, pero no lo son; ambas determinaciones tienen el mismo corte autoritario y represivo y ambas pretenden fundarse en formalidades jurídicas de dudosa legitimidad.
Dos disposiciones de autoridad han coincidido en el tiempo.
Las diputadas señalaron también anomalías sustantivas en el proyecto, que otorga en forma velada, muy al estilo priísta, facultades discrecionales al presidente, que abren puertas a la arbitrariedad y al abuso de atribuciones.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/04/opinion/024a2pol
