El 7 de abril, el Presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que analizara la constitucionalidad de la ley.
Desde el copamiento político del Tribunal Supremo en 2014, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno.
Aunque el Tribunal Supremo haya eliminado la ley de amnistía, ello no legitima en absoluto los abusos que la ley procuró abordar.
Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con estándares internacionales de derechos humanos.
Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/04/14/america/1460586236_713165.html
