Éstas, sin embargo, se hicieron cómplices de la infracción al dar protección policial a las labores de demolición realizadas por la empresa.
El conflicto viene de mucho antes, desde que en 2013 la comunidad tuvo noticia del diseño de un proyecto carretero que afectaría sus tierras.
En julio del año pasado un decreto presidencial dictó la expropiación de casi 38 hectáreas, con el propósito de construir la vía rápida referida.
La firma contratista continuó ayer con los trabajos con maquinaria pesada.
A partir de entonces las autoridades federales y estatales han emprendido una campaña en contra de la comunidad, que pasa por la criminalización de sus dirigentes y por la demolición de varias viviendas.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/13/opinion/002a1edi
