Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Las masacres registradas en 2018 que han dejado por lo menos 31 muertos “no son hechos aislados” sino el resultado una inexistente política pública del actual gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, de falta de atención y de respeto a los derechos humanos, afirmó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria.
Al fijar un posicionamiento ante el conflicto agrario en el estado de Oaxaca dice que “no reconoce el argumento de que las muertes derivadas del conflicto son hechos asilados (y) que no representan problema significativo para la gobernabilidad. Los antecedentes y rasgos del conflicto demuestran lo contrario”.
Tampoco aceptan el argumento de que el conflicto agrario es materia federal porque “la experiencia demuestra que esta es una respuesta basada más en formalidades que en la disposición para realizar un trabajo preventivo. En la práctica esto ha conducido, no a la solución sino a su administración de los conflictos agrarios”.
Y es que el pasado 18 de julio, el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa hizo una desafortunada declaración al calificó como un “hecho aislado” la masacre del 16 de julio ocurrida en el paraje Cerro de Cara cuando 13 comuneros de Santa María Ecatepec fueron emboscados y asesinados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec.
Al término de la ceremonia por el 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador se lavó las manos y responsabilizó a otras instancias por no tomar cartas en el tema de las disputas por territorio en la entidad al afirmar:
“Desde la perspectiva legal y jurídica, quiero dejar en claro que son otras instancias las responsables (y) tanto la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario deben sumar soluciones”.
El documento firmado por el presidente del Colegio, Carlos Moreno Derbez, y la secretaria Heráclida Pérez Espino, hace referencia a los 350 conflictos agrarios que persisten en la entidad y el pronunciamiento hace referencia “a la indignación por los acontecimientos suscitados en Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcatepec, pero también con otros 10 mas de reciente emergencia y que serán dados a conocer en su momento”.
Consideran que los asuntos relacionados con el territorio y la propiedad de las comunidades agrarias es necesaria la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos.
El Colegio reconoció el trabajo de los visitadores, conciliadores, abogados, líderes agrarios y los comisariados de núcleos agrarios, sin embargo, considera que “los esfuerzos por lograr la conciliación basándose en el potencial demostrado en múltiples casos, responden más a la voluntad de las partes, que a la disponibilidad de las dependencias que deben intervenir en el problema”.
Además, reconoce la importancia del registro documental o la existencia de minutas, trabajos técnicos informativos de carácter topográfico y otros documentos tratando el ejercicio conciliatorio, sin embargo, niega que sea la cantidad de estos documentos el indicador de que un conflicto está en vías de solución.
El Colegio de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria se pronunció por la creación de una instancia única de atención a través de una Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Agrario, modificando el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados desde hace 10 años.
Los integrantes del Colegio Magdiel Hernández Caballero, José Servién Bolaños y Anabel Díaz Cruz, consideran que debe plantearse la fusión y reorganización de las dependencias estatales que atienden la cuestión agraria, para configurar una estrategia única de trabajo del conflicto agrario que incorpore a los sujetos agrarios y sea interlocutor oficial ante las dependencias federales involucradas.
Agregaron que el trato del conflicto agrario y territorial en el contexto de la presencia de los pueblos indígenas debe trabajarse colegiadamente mediante un consejo agrario.
Aunque el Colegio ha propuesto una serie de modificaciones constitucionales y reglamentarias de la administración pública estatal, estás no han sido valoradas por el poder legislativo local, como consecuencia de la falta de voluntad política.
