Jaime GUERRERO
OAXACA, (Pagina3).- La LXIV Legislatura local reformó el Código Penal del Estado para establecer que quien cometa el delito de Violencia Política se impondrá prisión de dos a seis años y de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Si la conducta se comete en contra de una o varias mujeres, se agrava la pena de tres a ocho años de prisión y de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la UMA.
De acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, Eliza Zepeda Lagunas, el objetivo fue ampliar el catálogo y coberturar un espectro más amplio para sancionar ese delito que es común en cada proceso electoral y en el ejercicio de la función pública.
Y es que la violencia política por razón de género no podía ser sancionada en Oaxaca, debido a que la LXIII Legislatura modificó el Código y derogó el delito contenido en el Código Penal del Estado de Oaxaca.
El artículo 401 Bis señalaba –antes de la reforma realizada por la LXIII Legislatura- “se interpondrá prisión de 2 a 6 años y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros, cualquier acción u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político electorales, introducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad”.
El artículo había sido aprobado el 25 de febrero del 2016, el 9 de agosto del 2017 la 63 legislatura lo derogó.
En el pasado proceso electoral, federal y local concurrente en Oaxaca se elegió además de Presidente de la República, 2 Senadores de Mayoría, 1 plurinominal; 10 diputados federales, 27 diputados locales de mayoría, 17 plurinominales y 153 concejalías que se rigen por la vía de los Partidos Políticos.
En Oaxaca, de acuerdo con el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la entidad en donde se ejerce mayor violencia política contra las mujeres.
De los años 2012 a 2017 abrió en todo el país 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de violencia política contra la mujer.
