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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los diez trabajadores secuestrados el pasado 23 de enero en un campamento de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. en Concordia, Sinaloa.
El minero zacatecano, originario de Cañitas de Felipe Pescador, tenía 37 años.
Peritos de la FGR establecieron que los restos hallados en el poblado El Verde, municipio de Concordia, corresponden a Hernández Vélez.
El hallazgo de cuerpos humanos en la localidad fue informado el pasado 6 de febrero por la fiscalía federal, que desde entonces trabajaba en la identificación.
“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. A su familia y seres queridos les expreso mi solidaridad y mi acompañamiento en este momento tan difícil. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X la senadora zacatecana Geovanna Bañuelos.
Cuatro detenidos y pertenencias aseguradas
Dos días antes del hallazgo de los cuerpos, el 4 de febrero, autoridades federales detuvieron a cuatro personas armadas durante cateos realizados en Concordia y Mazatlán, Sinaloa. En los operativos se aseguraron pertenencias de las víctimas.
Entre los indicios recuperados están identificaciones personales, tres teléfonos celulares y una computadora portátil, los cuales fueron analizados como parte de la investigación.
Pablo Osorio: 16 días sin noticias
Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, permanece desaparecido junto con otros ocho trabajadores desde el 23 de enero. Han transcurrido 16 días sin que sus familias tengan noticias de su paradero.
El joven ingeniero oaxaqueño tenía todo planeado. Terminaría su residencia profesional como ingeniero civil en Concordia, Sinaloa, y regresaría pronto a Tlaxiaco, Oaxaca, para reunirse con su familia.
La tarde del 23 de enero, mientras hablaba por teléfono con su novia, esos planes se desmoronaron. Ella escuchó voces alteradas, el motor de un vehículo que arrancaba y después la línea se cortó. No volvió a saber de él.
Horas más tarde se confirmó lo que la familia temía: un grupo armado había ingresado al campamento La Clementina, en la comunidad Pánuco, donde se alojaban trabajadores de la empresa Cicar S. A. de C. V. y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. Diez personas fueron llevadas por la fuerza. Pablo estaba entre ellas.
Doña Socorro, madre del joven, recuerda el día que su hijo salió de casa. Le dio la bendición y le pidió que se cuidara. Conocía los niveles de violencia en Sinaloa, pero Pablo necesitaba cumplir con su residencia profesional.
“Le dije que se cuidara mucho”, contó en entrevista para La Silla Rota. Esa fue la última vez que lo vio.
Concordia, zona minera y violenta
La desaparición de Pablo y sus compañeros ocurrió en una de las regiones más afectadas por la violencia en Sinaloa. Según datos de Red Lupa, el estado registró 747 desapariciones en 2024, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.
En su análisis territorial publicado en mayo de 2025, integrantes de la Red documentaron la presencia de grupos criminales en la zona serrana. “La zona serrana del estado tiene el 33% de su territorio concesionado a proyectos de extracción minera. Los municipios de San Ignacio y Concordia han experimentado una ola de desplazamientos por estos proyectos en los que participan grupos criminales”, señala el informe.
Pablo había sido asignado por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco para realizar su residencia en Cicar S. A. de C. V. en junio de 2025. La empresa lo trasladó posteriormente a Concordia, donde trabajaba como supervisor de túneles para la minera Vizsla Silver Corp.
“Él era el pilar de la familia”
Doña Socorro describe a su hijo como un joven responsable que asumió el papel de sostén familiar desde temprana edad.
“Sólo quiero que nos apoyen a buscar a mi hijo. Él trabajaba para ayudarnos porque es el más grande de la familia. Decía que nos iba a sacar adelante. Nosotros somos pobres. Él se fue contento, ilusionado de que iba a trabajar para sacarnos adelante”, dijo.
Mauricio, hermano de Pablo, expresó la angustia que vive la familia. “Queremos que nos regresen a Pablo. Él era el pilar de la familia. Mi mamá está destrozada por esta situación. Queremos que nos ayuden”.
El proceso para denunciar la desaparición comenzó con trabas burocráticas. La familia acudió al ministerio público de Tlaxiaco, donde les negaron recibir la denuncia y les indicaron que debían presentarla directamente en Sinaloa.
Sin recursos para viajar, buscaron ayuda en el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.).
Maurilio Santiago Reyes, presidente de CEDHAPI, explicó que la denuncia fue aceptada hasta 24 horas después. “Ese lapso es determinante cuando una persona ha sido privada de la libertad”, dijo.
El caso de Pablo no es aislado. Santiago Reyes indicó que el secuestro de los trabajadores en Concordia refleja una práctica que se repite en distintas regiones del país: el reclutamiento forzado de jóvenes profesionistas por parte de estructuras delictivas.
Han pasado 16 días desde que Pablo fue llevado por la fuerza del campamento minero. Su familia espera noticias, exige respuestas y continúa la búsqueda. Mientras tanto, doña Socorro y Mauricio viven cada día con la esperanza de que Pablo regrese a casa.
