El Patrón de la Impunidad: Juez Libera a Presunto Violador de Mujer Indígena
A pesar de las pruebas presentadas y tras 14 horas de audiencia, el juez Omar Morales Simón otorgó la libertad a un hombre acusado de violar sexualmente a una mujer indígena de Oaxaca e integrante de la Red Futuros Indígenas, que se hace llamar: Gunaa Ruaalu’ (“mujer que lucha”).
Esta determinación causó molestia entre las activistas y defensoras que la acompañan, pues con esta resolución se demuestra lo profunda que es la falta de acceso a una justicia digna para las mujeres indígenas.
“Habrá apelación”, reafirmaron colectivas de la Red Futuros Indígenas, quienes emitieron un pronunciamiento público previo a la audiencia con la finalidad de que el juez y las instituciones juzgaran con legalidad y perspectiva de género. No fue así. Declararon que es inadmisible que tuvieran que pasar cinco meses para que se realizara la primera audiencia y que la actuación del juez consistiera en rechazar las pruebas y poner en libertad al presunto violador.
“Los hechos ocurrieron durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de diciembre de 2025 en el poblado de San Pedro Comitancillo, donde dos hombres a base de golpes sometieron a la víctima para realizar la violación. Uno de los agresores está prófugo de la justicia, mientras que el otro se encuentra en prisión preventiva”, indicaron.
“Ese número no es una estadística: es el peso de un sistema que decide sistemáticamente que las mujeres no merecen justicia. Existe una deuda histórica de los jueces y tribunales con las denunciantes”.
Dijeron que la resolución de no vinculación a proceso pone en riesgo a su compañera porque “perpetúa el patrón histórico de impunidad para las mujeres indígenas en el Istmo de Tehuantepec y el estado de Oaxaca. Este caso se suma a otros dos donde el mismo juez, Omar Morales Simón, favorece la impunidad contra el cuerpo de las mujeres indígenas”.
En un nuevo comunicado, expresaron la declaración de Gunaa Ruaalu’: “Hoy denuncio la violencia para que estos actos no se repitan. Que los perpetradores sepan que los señalamos claramente para exigir justicia y que no perdonamos su abuso. Cada vez que hay impunidad el sistema de justicia mexicano pierde y demuestra que la corrupción en los tribunales se impone sobre la verdad. Las denunciantes ganamos; nos sostiene una red de solidaridad que nunca será cómplice de la injusticia”.
Señalaron que, en 2018, el juez Morales Simón tampoco vinculó a proceso a uno de los presuntos implicados en el feminicidio de María del Sol en Juchitán de Zaragoza, por el que su madre, la periodista Soledad Jarquín, continúa exigiendo justicia. Este mismo juez fue señalado por permitir la suplantación de identidad de Pijy, para simular el «perdón» a su violador en la región Mixe en 2022.
Así, suman tres casos a la lista de omisión de este juez sobre los derechos y la seguridad de mujeres indígenas, conformando un patrón sistemático de corrupción, impunidad y misoginia.
De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en esta entidad el 17.5% de las mujeres ha experimentado violencia sexual en su infancia por parte de un familiar. Además, el 41.6% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún tipo de violencia en la infancia (38.9% violencia física, 24.4% psicológica y 9.8% violencia sexual).
Herramientas de Análisis Crítico
Al leer noticias sobre el sistema de justicia, no analices los casos de forma aislada. La liberación de un agresor puede ser disfrazada como «falta de pruebas», pero cuando el mismo juez (Morales Simón) repite la fórmula en múltiples casos de alto perfil de violencia contra mujeres, el periodismo revela que el problema no es la evidencia, sino el sesgo del juzgador.
Observa cómo la víctima rechaza ser solo un número o un nombre pasivo; ella se autodenomina Gunaa Ruaalu’ (“mujer que lucha”). El lenguaje mediático tradicional revictimiza, pero el periodismo con perspectiva de derechos humanos debe respetar y visibilizar la agencia política y la resistencia de las mujeres indígenas frente a la violencia de Estado.
El texto documenta que la víctima tuvo que esperar cinco meses solo para la primera audiencia, tras la cual el agresor fue liberado en 14 horas. Este contraste de tiempos es un indicador clave de cómo la burocracia desgasta a las víctimas (violencia institucional) mientras facilita mecanismos expeditos para los acusados.
