La obra inaugurada al final del gobierno de Alejandro Murat pasó de una inversión inicial reportada de 70 millones a un costo de 323.7 millones de pesos; nunca operó regularmente y continúa bajo investigación por posibles delitos de corrupción.
Fiscalía detecta fallas constructivas e irregularidades documentales en el Centro de Congresos de Huatulco
La obra inaugurada al final del gobierno de Alejandro Murat pasó de una inversión inicial reportada de 70 millones a un costo de 323.7 millones de pesos; nunca operó regularmente y continúa bajo investigación por posibles delitos de corrupción.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca levantó el aseguramiento del Centro de Congresos de Santa María Huatulco después de concluir peritajes que identificaron fallas constructivas e inconsistencias documentales en la obra impulsada durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
La devolución del inmueble no significa que el expediente esté cerrado. La Fiscalía precisó que la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades por hechos que podrían constituir uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio de la administración pública estatal.
Las indagatorias comenzaron en septiembre de 2025. Como medida cautelar, el edificio fue asegurado del 10 al 17 de diciembre de ese año para preservar su estado material y garantizar la integridad de los indicios.
Durante el aseguramiento, especialistas en ingeniería civil, arquitectura y contabilidad realizaron inspecciones y peritajes sobre la construcción y su documentación financiera y administrativa.
Infografía: una obra cuyo costo se multiplicó
Comparación entre la inversión inicial reportada y el costo final señalado para el proyecto. La cifra inicial formaba parte de un paquete mayor de obras.
Fallas técnicas y expedientes incompletos
Los peritajes permitieron identificar deficiencias técnicas y presuntas irregularidades en la documentación de la obra.
Entre las observaciones se encuentra la ausencia o inconsistencia de permisos y autorizaciones indispensables, como licencias de construcción, uso de suelo e impacto ambiental, además de otros requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Especialistas detectaron deficiencias materiales cuya dimensión y posible impacto deberán precisarse dentro de la investigación.
Se reportaron ausencias o inconsistencias en licencias, uso de suelo y autorizaciones ambientales.
La conexión eléctrica con la CFE no fue incluida en el presupuesto original y quedó para una segunda etapa.
El centro fue inaugurado, pero permaneció sin consolidarse como recinto funcional.
Concluidas las diligencias periciales, la Fiscalía entregó formalmente el inmueble a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, representada por la subconsejera Lilia del Carmen Contreras Ramírez.
En el acto participaron Sildia Mecott Gómez, titular de la Secretaría de Infraestructura, y personal de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración.
La Fiscalía reiteró que la entrega del edificio no extingue las indagatorias ni representa una exoneración para funcionarios, empresas o particulares que pudieran estar relacionados con las anomalías.
De proyecto detonador a inmueble cuestionado
El Centro de Congresos se encuentra en la zona de Marina Chahué y fue diseñado por TEN Arquitectos, despacho encabezado por Enrique Norten, en colaboración con el Gobierno de Oaxaca y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El proyecto fue presentado en 2020 como detonador económico para la Costa oaxaqueña, con una inversión inicial estimada en 70 millones de pesos dentro de un paquete mayor de obras.
El costo final reportado alcanzó 323.7 millones de pesos.
La construcción abarca aproximadamente 12 mil metros cuadrados y más de cinco mil metros cuadrados de obra exterior. Incluye un auditorio principal para mil 285 personas, salones para congresos, salas de prensa y espacios multifuncionales.
Alejandro Murat Hinojosa inauguró el inmueble en noviembre de 2022, durante los últimos días de su administración.
Fue anunciado como detonador económico para la región de la Costa.
Alejandro Murat entregó el inmueble días antes de concluir su administración.
La nueva administración reportó costos elevados y componentes no incluidos en el presupuesto.
La Fiscalía abrió indagatorias por posible uso indebido de atribuciones.
El inmueble fue preservado para realizar estudios técnicos, arquitectónicos y contables.
La Fiscalía levantó el aseguramiento, pero mantiene abierta la investigación.
Las anomalías ya habían sido advertidas
Durante la administración de Salomón Jara Cruz, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones contrató una consultoría externa que detectó nuevas anomalías y costos elevados en enero de 2023.
Entre las observaciones figuró que el proyecto fue contratado bajo la modalidad de “precio alzado” y que el presupuesto original no contempló la conexión eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad.
La conexión quedó diferida para una segunda etapa, pese a tratarse de un componente indispensable para la operación regular del recinto.
Desde entonces, el edificio permaneció bajo señalamientos y nunca se consolidó como el detonador económico prometido.
Hecho acreditado
La Fiscalía realizó peritajes, levantó el aseguramiento y confirmó que la investigación continúa.
Irregularidad investigada
Fallas constructivas, documentación inconsistente y permisos presuntamente incompletos.
Responsabilidad pendiente
Las autoridades aún deben determinar qué funcionarios, contratistas o supervisores responderán por las anomalías.
Análisis: inaugurar no equivale a entregar una obra funcional
El caso reúne varias señales recurrentes en proyectos públicos cuestionados: incremento significativo del costo, inauguración al cierre de un gobierno, componentes esenciales fuera del presupuesto y falta de operación regular.
La investigación deberá distinguir entre deficiencias administrativas, fallas técnicas y conductas con posible responsabilidad penal. No toda irregularidad documental prueba corrupción, pero la combinación de costos crecientes, permisos inconsistentes y un inmueble sin uso exige una explicación completa.
El costo de una obra pública no termina con la construcción. Si el edificio no opera, la sociedad absorbe también mantenimiento, deterioro, vigilancia y recursos adicionales para corregir lo que debió entregarse funcionando.
La prueba decisiva será si la Fiscalía transforma los peritajes en responsabilidades concretas o si el expediente se limita a documentar anomalías sin consecuencias.
El abogado del diablo
La administración anterior y las empresas involucradas podrían argumentar que el aumento presupuestal respondió a modificaciones de alcance, inflación, obras exteriores o necesidades técnicas no previstas inicialmente.
También podrían sostener que la falta de operación posterior corresponde al gobierno que recibió el inmueble y no necesariamente a quienes lo construyeron.
Pero esas defensas requieren documentos: convenios modificatorios, dictámenes, permisos, estimaciones, actas de entrega, pruebas de funcionamiento y explicaciones sobre la conexión eléctrica omitida. Sin esa trazabilidad, el incremento del costo y la inauguración apresurada seguirán bajo sospecha.
