Ataque armado contra exalcalde de Miahuatlán deja un policía muerto y un agente de la AEI herido; FPR acusa a actual edil
José Alberto Martínez Luna permanece hospitalizado. La imputación política formulada por el FPR no ha sido corroborada por la Fiscalía y el ayuntamiento no ha fijado una postura pública.
Ataque armado contra exalcalde de Miahuatlán deja un policía muerto y un agente de la AEI herido; FPR acusa a actual edil
José Alberto Martínez Luna permanece hospitalizado. La imputación política formulada por el FPR no ha sido corroborada por la Fiscalía y el ayuntamiento no ha fijado una postura pública.
José Alberto Martínez Luna, expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz e integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), fue atacado la noche del 22 de junio sobre la carretera federal 175. La agresión dejó muerto a uno de sus escoltas y lesionó a un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El ataque ocurrió alrededor de las 19:35 horas, a la altura de la entrada a San Juan Bosco, comunidad de origen del exalcalde. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados que viajaba en un vehículo gris interceptó el Chevrolet Malibú en el que se trasladaban las víctimas y disparó contra la unidad.
En el lugar fueron localizados 29 casquillos de calibres .223 y 9 milímetros. Ese dato describe los indicios recuperados en la escena, pero por sí solo no permite establecer el número de agresores, la cantidad exacta de armas utilizadas ni el móvil.
Juan José Cruz Padilla, elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), murió durante la agresión. También era militante del FPR y formaba parte del equipo de seguridad de Martínez Luna.
Jesús Sabas, identificado en los reportes como agente de la AEI, resultó herido. Martínez Luna recibió al menos tres impactos de bala y permanece hospitalizado en condición delicada.
Una acusación política que debe investigarse
El Partido de la Transformación Oaxaqueña (PETEO) condenó el atentado y exigió una investigación que alcance tanto a los autores materiales como a quienes hubieran ordenado la agresión.
“La justicia no puede ser un lujo en un Estado de derecho; debe ser una garantía para todas y todos los ciudadanos, especialmente para quienes se atreven a ejercer la disidencia política y la crítica social”, señaló el partido.
Durante una protesta frente al Palacio de Gobierno, integrantes del FPR responsabilizaron públicamente al presidente municipal César Figueroa Jiménez. Se trata de un señalamiento de la organización, no de una conclusión ministerial. Hasta el cierre de esta edición, no se localizó una respuesta pública del edil o del ayuntamiento a esa acusación.
Presunción de inocencia
La acusación del FPR debe ser investigada, contrastada y sometida a prueba. No existe información pública que acredite responsabilidad penal del presidente municipal. La Fiscalía debe esclarecer el móvil y establecer responsabilidades mediante evidencia, no mediante versiones políticas.
Dos ataques en once días
La agresión ocurrió once días después del atentado contra el propio César Figueroa Jiménez, presidente municipal en funciones, quien fue herido de bala el 11 de junio en Miahuatlán. La Fiscalía informó posteriormente de la detención de un probable autor material de aquel ataque.
Martínez Luna y Figueroa Jiménez fueron adversarios en la elección municipal de 2024. El exalcalde impugnó el resultado y denunció irregularidades; la victoria de Figueroa fue confirmada posteriormente por la autoridad electoral. La rivalidad política y la proximidad de ambos atentados forman parte del contexto, pero no demuestran que los hechos estén conectados.
El territorio detrás del ataque
Miahuatlán es un centro regional de comercio, transporte y servicios para comunidades de la Sierra Sur. Las decisiones municipales inciden en obra pública, permisos, mercados, rutas de transporte y distribución de recursos, áreas que suelen elevar la disputa política local.
Ese contexto obliga a investigar líneas políticas, económicas y territoriales, sin afirmar anticipadamente que alguna de ellas explica el atentado. Reducir el caso a una disputa partidista o atribuirlo automáticamente al crimen organizado cerraría preguntas que todavía deben responder las autoridades.
La disputa política y los antecedentes de riesgo
Atacan a Figueroa como candidato
César Figueroa sufrió una agresión armada durante el proceso electoral.
Antecedente de protección
Una publicación del FPR señaló que Martínez Luna contaba entonces con una medida cautelar y equipo de seguridad.
Elección impugnada
Martínez Luna controvirtió el triunfo municipal de Figueroa, finalmente confirmado por tribunales electorales.
Atacan al alcalde
Figueroa resultó herido; posteriormente se informó de una detención.
Atacan al exalcalde
Martínez Luna fue herido; un policía murió y un agente investigador quedó lesionado.
La cronología identifica coincidencias y antecedentes públicos. No acredita una relación causal entre los ataques.
Lo que el expediente todavía debe responder
Análisis Página 3
Dos ataques contra figuras que disputaron el gobierno municipal en un lapso de once días revelan una vulnerabilidad institucional grave. La obligación de la Fiscalía es investigar cada hecho por separado y, al mismo tiempo, determinar con evidencia si existe algún vínculo entre ambos.
Abogado del diablo
La rivalidad electoral puede explicar la rapidez con la que surgieron acusaciones, pero no prueba el móvil. También deben examinarse amenazas previas, conflictos personales, funciones de seguridad, intereses económicos y otras líneas sin privilegiar una hipótesis por presión política.
Preguntas abiertas
- ¿Quién ordenó y ejecutó el ataque?
- ¿Qué amenazas previas había denunciado Martínez Luna?
- ¿Por qué viajaba con agentes de dos corporaciones?
- ¿Qué evidencia respalda la acusación del FPR?
- ¿Existe conexión con el atentado del 11 de junio?
Cómo se cubre un hecho de violencia política sin revictimizar
Pagina3.mx separa tres niveles de información: hechos verificados, como las víctimas y los indicios reportados; declaraciones atribuidas, como la acusación del FPR; e hipótesis pendientes, entre ellas el móvil y una eventual conexión con otros ataques.
Los 29 casquillos son evidencia de la escena, pero no autorizan a inventar el número de atacantes o el origen de las armas. Del mismo modo, reproducir una acusación no la convierte en sentencia. La cobertura responsable evita imágenes invasivas, protege datos sensibles, respeta la presunción de inocencia y exige pruebas ministeriales antes de adjudicar responsabilidades.
