Autoridades comunales del municipio zoque de Santa María Chimalapa, una de las biorregiones más importantes de México, anunciaron que la Asamblea General decidió renunciar a tres Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, al considerar que fueron impuestas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 2022 sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado.
Chimalapas rompen con Conanp: Asamblea rechaza Áreas Protegidas por violación a consulta indígena
La Asamblea de Santa María Chimalapa decidió renunciar a tres Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que abarcan 334 mil 878 hectáreas, al denunciar imposición federal y violación al consentimiento libre, previo e informado.
Autoridades comunales del municipio zoque de Santa María Chimalapa, una de las biorregiones más importantes de México, anunciaron que la Asamblea General decidió renunciar a tres Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, al considerar que fueron impuestas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 2022 sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado.
Las tres áreas suman 334 mil 878 hectáreas, equivalentes al 73 por ciento del territorio comunal de Santa María Chimalapa. La dimensión del conflicto es enorme: esa superficie es casi tres veces mayor que la Ciudad de México.
La decisión fue tomada en Asamblea General celebrada el pasado 27 de junio, donde comuneras y comuneros acordaron que sus tierras ya no deben permanecer bajo esa categoría oficial y exigieron respeto a su libre determinación.
Las ADVC rechazadas corresponden a los polígonos Cerro Azul, con 3 mil 555.33 hectáreas; La Gringa Zona Oriente, con 107 mil 119.19 hectáreas; y Tres Picos, con 224 mil 204.38 hectáreas.
En un oficio público, las autoridades comunales señalaron que la imposición ocurrió el 22 de julio de 2022, durante una asamblea extraordinaria solicitada por la Conanp y con presencia del entonces comisionado nacional, Adán Peña Fuentes.
De acuerdo con la denuncia comunitaria, aunque la Asamblea rechazó ese mismo día la propuesta de decretar las áreas, la Semarnat difundió posteriormente un comunicado que afirmaba lo contrario. Meses después, las comunidades se enteraron de que autoridades comunales de ese periodo habían firmado la aceptación en oficinas de Semarnat, sin respaldo de la Asamblea General.
Para el pueblo zoque, esa firma sin mandato asambleario constituye una violación al estatuto comunal, al derecho a la consulta y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Los tres polígonos rechazados
La zona invadida quedó fuera
Uno de los puntos más graves denunciados por el pueblo zoque es que la mayor parte de las 334 mil 878 hectáreas se ubica en territorio ocupado por congregaciones comunales chimas que no tenían conocimiento de la imposición.
Al mismo tiempo, la porción oriente del territorio, históricamente invadida y depredada por núcleos agrarios de origen chiapaneco, encabezados por Cal y Mayor, Merceditas, Constitución y Canaán, quedó fuera de los polígonos definidos por Conanp.
La exclusión de esa zona abre una alerta geopolítica: el mapa federal evitó tocar el conflicto limítrofe y dejó fuera una franja clave de invasión, tala y ganadería, mientras certificaba áreas bajo control comunal zoque. Para la Asamblea, esa configuración no protege el territorio más amenazado y sí condiciona el control comunitario sobre zonas conservadas por el propio pueblo.
Conservación desde abajo
Las autoridades comunales recalcaron que el pueblo zoque chimalapa no se opone a la conservación ni a la protección de sus montañas. Al contrario, sostienen que si todavía existen bosques y selvas en la región es por su forma tradicional de relación con la Madre Naturaleza y por más de 70 años de lucha territorial.
Como muestra de esa decisión, recordaron que desde 1991, frente a la amenaza de imposición de una Reserva de Biosfera federal, autoridades y congregaciones comunales chimas decidieron autodecretar la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas.
Ese modelo comunitario se basa en ordenamientos ecológicos elaborados con participación de técnicos prácticos comunitarios, de abajo hacia arriba, y no bajo el control administrativo de la Conanp. Para las comunidades, esa es la verdadera reserva comunitaria.
La Asamblea recordó que existe un acuerdo de nunca aceptar la imposición de reservas oficiales en su territorio, incluidas las ADVC, porque terminarían bajo control y manejo federal, no bajo control y manejo de los pueblos chimas.
Cómo verificar un consenso indígena
En contextos de pueblos originarios, un boletín de prensa del gobierno no basta para probar consentimiento. La validez política y jurídica de una decisión territorial debe comprobarse con el acta de Asamblea General, debidamente firmada y sellada por las autoridades y comuneros facultados.
- Revise la fuente oficial: la Semarnat publicó en 2022 un comunicado que presentó como avance la figura de ADVC en Chimalapas.
- Busque el acta comunitaria: si la Asamblea rechazó la propuesta o no mandató la firma, el boletín oficial puede ser propaganda institucional.
- Compare anexos y mapas: los polígonos revelan qué territorio se certifica, cuál queda fuera y a quién beneficia esa delimitación.
- Verifique el consentimiento: el Convenio 169 de la OIT exige consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
El periodismo de datos en territorios indígenas no consiste solo en reproducir decretos federales: exige auditar anexos, mapas, actas y firmas para saber si hubo consenso real o simulación burocrática.
La pregunta de fondo
Si la porción oriente, históricamente invadida por talamontes y ganaderos chiapanecos, quedó fuera de los polígonos de Conanp en 2022, ¿a qué intereses reales servía ese mapa federal? La siguiente línea es obtener la delimitación cartográfica del decreto e investigar si existen proyectos de biodiversidad, bonos de carbono, concesiones o intereses agrarios sobre las áreas que sí fueron certificadas.
